l grito de: Viva Cristo rey, y de la mano, como siempre, la derecha autóctona y su Poder Judicial ponen el grito en el cielo y reiteran lo que su escasísima capacidad de análisis y conocimiento les permite, a saber, que la ciencia no existe, que la tierra es plana, que Dios es el creador del universo, que la Biblia es el único libro de texto (no siempre) gratuito, que el sexo sólo tiene fines reproductivos (y en esto Marcial Maciel dicta cátedra), que muera la inteligencia y que la Iglesia católica es la única –por instrucciones del Altísimo– que puede decidir en materia educativa. De ahí la tenebrosa campaña contra los libros de texto gratuitos, y no de ahora, sino desde su primera edición, 63 años atrás, a lo largo de los cuales han repetido las mismas salvajadas contra la educación.

Pero más allá del oscurantismo que esa derecha profesa y presume, el presidente López Obrador ha sido claro: dicha campaña va más allá de sus ostentosas limitaciones, porque se trata de un asunto político y no jurídico, como han sido las destinadas a otros tantos temas de interés nacional (reformas constitucionales, Tren Maya, refinería de Dos Bocas, Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, amparos a manos llenas, etcétera, etcétera), siempre en el contexto no de un estado de derecho, sino de un estado de chueco y en algunos casos de cohecho, y para ello cuenta con la complicidad del Poder Judicial.

No es casual que uno de los ministros de la Suprema Corte de Justicia (a modo) de la Nación –el calderonista Luis María Aguilar Morales– sea el encargado de operar contra los libros de texto gratuitos, un integrante del Poder Judicial “deshonesto –me consta–, muy conservador y adversario nuestro”. De la mano, públicamente, una gobernadora, la de Chihuahua, la panista Maru Campos, irresponsable, con fines politiqueros y mostrando su conservadurismo extremo (López Obrador dixit).

Suficiente sería ese par para documentar el interés que la derecha tiene en torno de los libros de texto gratuitos, pero con la gobernadora Campos no queda ahí el plan: se han sumado los mandatarios estatales del Prian y de Movimiento Ciudadano en su intento por frenar la distribución de esa obra, con todo y que se trata de una atribución del Poder Ejecutivo federal, algo que el ministro Aguilar Morales se pasó por el arco del triunfo.

Qué decir de la participación en la campaña de los ensotanados: “el cardenal y arzobispo de Guadalajara, Jalisco, José Francisco Robles Ortega, consideró que los libros de texto gratuitos son parte de un adoctrinamiento ideológico (se mordió la lengua) y ya suman casi 8 millones de ejemplares guardados en las bodegas estatales… Es lamentable que las nuevas generaciones vayan recibiendo esos principios educativos ajenos a nuestros valores y a quienes tienen en primer lugar el derecho y la obligación de educar a sus hijos” ( La Jornada). Qué bueno que lo aclara: la Iglesia, ajena al adoctrinamiento ideológico. Acabáramos.

Algo más: “organizaciones de derecha, como el Frente Nacional por la Familia, Mexicanos Primero (una de tantas fachadas de Claudio X. González –léase Consejo Mexicano de Negocios–-, que oficialmente la presidió hasta 2007), la Unión Nacional de Padres de Familia y el Frente Nacional Anti-AMLO (Frena); partidos como el PAN, PRI, Movimiento Ciudadano e incluso militantes de Morena, así como jerarcas de la Iglesia católica, cierran filas para impedir la distribución de los libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública para el ciclo escolar 2023-2024, que comenzará el 28 de agosto” ( ídem), es decir, los mismos titiriteros de siempre que juegan con sus marionetas –bien aceitadas, eso sí– y su ejército de siglas en su intento, vano por cierto, de demostrar que sus acciones derivan de la pluralidad en la toma de decisiones.

Ante tal panorama, el presidente López Obrador reitera: la facultad legal de distribuir los libros de texto gratuitos la tiene el gobierno federal. La Constitución es muy clara en eso. Entonces, si van a violarla, pues va a quedar de manifiesto, pero a ver si se atreven los del Poder Judicial a violar la Constitución. Ya lo han hecho, pero no pueden hacerlo todos los días.

Las rebanadas del pastel

¿Sería distinta la reacción de la dere-cha si el gobierno federal siguiera destinando tres o 4 mil millones de pesos al año a las empresas privadas que imprimían los libros de texto gratuitos?, porque, salvo el pago puntual y abundante, antes no exigían ni criticaban nada.

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