Con base en un criterio de oportunidad, que implicó un pago a la Comisión de Reconstrucción de 122.7 millones de pesos, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) extinguió la acción penal en contra de los cuatro dueños de la empresa Arquitectoma, Ideas Residenciales SA de CV, que construyó el desarrollo de calzada de Tlalpan 550, en la colonia Moderna, que resultó afectado por el sismo del 19 de septiembre de 2017.

Francisco Antonio Martín del Campo Souza, José Portilla Riba, Diego Eloy Mariscal Lozano y Ricardo Canedo Maouzet, acusados por fraude genérico, ya no pisarán la cárcel y a nosotros, como damnificados, se nos negó el acceso a la justicia, denunciaron afectados.

Además, acordaron ampliar a marzo próximo el plazo para entregarnos los departamentos, pero en obra negra, ante los múltiples hallazgos de deficiencias constructivas que llevaron a la alcaldía Benito Juárez a negar desde un principio el permiso de uso y ocupación.

En el documento suscrito, la fiscal Ernestina Godoy reconoció el actuar doloso de los acusados, quienes pese a contar con la pericia y conocimientos en materia de construcción, al ser arquitectos, emplearon un coeficiente sísmico menor al exigido por las normas.

Los compradores de los 390 departamentos distribuidos en cuatro torres, afirmó Godoy, fueron engañados por esas personas que sabían perfectamente que no cumplían con lo establecido en el Reglamento de Construcciones, y aun así los vendieron.

Intento fallido

En el proceso penal, los imputados intentaron varias veces cerrar las cinco carpetas en su contra, pero no pudieron y ahora la fiscalía los exonera por la entrega de 122 millones 770 mil 625.47 pesos a la Comisión de Reconstrucción, cuando eran recursos públicos que le fueron presupuestados, dijeron.

Ese dinero, consideraron, debería ser para las víctimas por daños y perjuicios después del engaño tan grave que nos dejó sin hogar, ya que no se les pudo llevar a prisión, donde hubieran estado más de cien años, pero como no es un delito grave, los perdonan.

La FGJ de un plumazo acabó con una lucha que iniciamos hace 59 meses en busca de recuperar los departamentos que adquirimos y nos llevó a invertir ahorros, solicitar préstamos bancarios y estar, en varios casos, a punto de que nuestro patrimonio sea rematado por falta de pago, señalaron.

Hasta el momento, mencionaron, unos 50 residentes han dado el perdón a la constructora, abusando de su angustia y necesidad, dándoles un promedio de 100 mil pesos, pero el compromiso de tener nuestros departamentos el 30 de noviembre, como se estableció en dicho criterio de oportunidad, tampoco se cumplirá.