Las buscadoras de personas desaparecidas agredidas la noche del lunes por sujetos armados con palos y presuntos policías ministeriales calificaron esta acción de “un halconazo, una represión como la de 1968 y la guerra sucia”.

Afirmaron que fue el titular de la Fiscalía de Justicia de Querétaro (FJQ), Alejandro Echeverría, quien ordenó a los agentes quitar de forma violenta el campamento que habían colocado fuera de la institución, en el cual había niños y personas de la tercera edad.

Nos trataron como los que desaparecieron a nuestros familiares, reprochó una de las activistas. Acusaron a Echeverría de querer ocultar algo, pues no les permite revisar los expedientes de personas no identificadas cuyos cadáveres se encuentran en las morgues de los Servicios Médicos Forenses (Semefo) ni ingresar a cárceles o centros de rehabilitación.

En tanto, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) manifestó su preocupación por el desalojo del que fueron objeto las buscadoras.

Si bien llamó a que prevalezca el diálogo y se encuentren formas de entendimiento entre los actores involucrados, reiteró que los Principios Rectores para la Búsqueda de las Personas Desaparecidas señalan que se debe respetar el derecho a la participación.

Mientras, el Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas expresó su profunda indignación y repudio por la agresión y exigió que se investiguen a fondo “para que los responsables rindan cuentas y las agresiones no queden impunes.

Lamentablemente, la respuesta de la FJQ fue la represión violenta de más de 100 funcionarios, quienes, sin identificarse, agredieron física y verbalmente a las familias buscadoras y a sus acompañantes, reprobó el organismo.

Responsabilizó de la represión al gobernador panista Mauricio Kuri González, y al titular de la FJQ, Alejandro Echeverría, a quienes exigió tomar medidas inmediatas para garantizar la seguridad y la integridad de las personas desaparecidas y crear mesas de trabajo para dar respuesta a sus demandas, así como información de las investigaciones.

El CNC también exigió que se permita a las buscadoras el acceso a las instalaciones gubernamentales necesarias para llevar a cabo sus actividades, pues, de acuerdo con el Protocolo Homologado de Búsqueda, “los registros de personas fallecidas deben ser públicos, estar disponibles para consulta por familiares.

Es intolerable que quienes buscan incansablemente a sus seres queridos sean víctimas de agresiones de instituciones que deberían proteger sus derechos, lamentó.

Sin precisar si abrirá una queja de oficio, la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro informó que inició una investigación.

Yadira González, representante en Querétaro del colectivo Búsqueda en Vida de Nuestros Desaparecidos, dijo que, sin motivo, el fiscal Echeverría sistemáticamente les ha impedido el acceso a los expedientes de los cadáveres no identificados para verificar si corresponden con sus familiares desaparecidos.

En conferencia de prensa, con un collarín en el cuello a causa de una lesión que sufrió durante la represión y acompañada de varias activistas, puntualizó que no pretenden sacar fotos de los expedientes ni de los cadáveres, sino sólo revisar y comparar la información dentro del marco legal.

Explicó que hay casos en que por falta de trabajo de las fiscalías se envían cuerpos a la fosa común. Algo están ocultando, sentenció.

En un comunicado, la fiscalía de Querétaro intentó justificar la represión con el argumento de que se procedió a permitir el ingreso de una camioneta del Semefo que llevaba más de ocho horas con un cuerpo en su interior y no se había permitido el acceso.

Añadió que debido a que las buscadoras bloqueaban los accesos, funcionarios de la institución que laboraban desde las ocho de la mañana y visitantes no podían salir.