Bogotá. Rodrigo Granda siente que está cumpliendo con un oficio que jamás pasó por su mente: el de sepulturero. Durante sus casi 40 años en la guerrilla le vio muchas veces el rostro a la muerte, y cuando le apostó a la paz, lo hizo convencido de que vendrían para Colombia los tiempos de la vida.

En la actualidad es el delegado de su partido en la comisión de seguimiento y verificación de los acuerdos de paz de 2016, pero además de trabajar para que se cumpla lo firmado entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Estado, se pasa media vida denunciando la ola de asesinatos contra ex combatientes que amenaza con convertirse en un tsunami de sangre.

Al comenzar esta semana, Granda recibió la noticia de que Neftalí Orobio Venté se convertía en en el firmante de paz 396 que caía asesinado tras la suscripción de los acuerdos, hecho ignorado por la gran mayoría de los medios de comunicación. “Lo que se vuelve ‘normal’, deja de ser noticia”, apunta Granda.

El cadáver de Orobio fue encontrado cerca de un caserío llamado Santa Bárbara, en el sureño departamento de Nariño, donde lideraba un proyecto productivo piscícola con el cual buscaba un mejor futuro para su madre, tres hermanos y dos hijos menores, según reza en la denuncia de la Corporación Nacional de Reincorporación Comunes.

Un ex combatiente asesinado por semana durante siete años seguidos debería ser motivo suficiente para que el gobierno y la sociedad colombiana encendieran sus alarmas y buscaran cómo detener una matazón que evoca sin remedio el genocidio del que fue víctima el partido de izquierda Unión Patriótica, 5 mil de cuyos militantes fueron aniquilados a lo largo de tres décadas por cuenta de una tenebrosa alianza entre grupos paramilitares y agentes del Estado.

Lamentable indiferencia

Sin embargo, Granda se muestra desolado ante la indiferencia que reina alrededor de los crímenes, casi todos aún cubiertos por el manto de la impunidad.

Lo peor es que no sólo nos están matando, sino que miles de ex combatientes y sus familias viven un clima permanente de hostilidad que los obliga a desplazarse de los espacios territoriales donde nos agrupamos desde 2016 para hacer nuestra reincorporación a la vida civil, dice Granda a La Jornada en una conversación cargada de rabia e impotencia.

Menciona dos recientes desplazamientos masivos de ex combatientes en espacios que ocupaban en el departamento del Meta que obligaron a unas mil familias a dejar lo poco que habían logrado tras su desmovilizacion, para volver a los días de la incertidumbre vivida durante los gobiernos de Iván Duque y Juan Manuel Santos.

En los últimos meses la violencia contra Comunes se ha recrudecido, afirma Granda, alguna vez calificado mediáticamente de canciller de las FARC, por las tareas internacionales que le asignaron a comienzos del presente siglo.

¿De dónde vienen los tiros?

El dirigente de Comunes dice que los ataques contra su partido provienen de diversas vertientes.

Quienes desertaron del proceso de paz o nunca se acogieron a él son los que más han arreciado la ofensiva matando a nuestros camaradas, asegura Granda.

Se refiere a dos disidencias de las antiguas FARC que hoy operan en casi todo el territorio colombiano, exhibiendo un desconcertante poderío militar que hace devolver inevitablemente la película a los años 80 y 90, cuando las guerrillas inclinaron a su favor la balanza militar poniendo en jaque a un Estado impotente que tuvo que aceptar el accionar de decenas de grupos paramilitares para impedir el avance de la insurgencia.

Con el mismo discurso de antaño y exhibiendo idéntica iconografía de las viejas FARC, estas disidencias comenzaron su sorprendente proceso de expansión al día siguiente de la firma de los acuerdos de 2016, aprovechando que los gobiernos de Santos y Duque hicieron todo lo posible para incumplir lo pactado con el grupo armado.

En su ánimo de recuperar los territorio que estuvieron en manos de los hombres de Manuel Marulanda, las disidencias arrasan en su camino con todo y con todos los que se opongan a sus propósitos.

Granda señala que además de las disidencias, también son víctimas de nuevos grupos paramilitares que actúan, otra vez, con el apoyo de sectores de las fuerzas militares.

En medio de semejante tempestad, el gobierno del presidente Gustavo Petro sigue apostando a su estrategia de paz total, para lo cual ha hecho acercamientos tanto con las disidencias de las FARC, como con grupos armados por fuera de la ley estrechamente ligados al narcotráfico.

Con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) sostiene conversaciones desde noviembre de 2022 y ambas partes han pactado un alto el fuego hasta marzo del próximo año.

Voceros de la oficina del alto comisionado de paz dijeron a La Jornada que seguirán trabajando en la búsqueda de acuerdos con todas las fuerzas irregulares con el objetivo de poner fin a la violencia generalizada que afecta también a comunidades campesinas, indígenas y afros, y que ha cobrado la vida de casi mil líderes sociales en los últimos cinco años.

En todos nuestros acercamientos a las disidencias de FARC hemos demandado que un requisito indispensable para seguir avanzando en la búsqueda de la paz es que cesen los ataques contra los ex combatientes, firmantes del acuerdo de 2016, dijo a La Jornda Danilo Rueda, comisionado de paz.