La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, rechazó cualquier recorte al presupuesto del Poder Judicial y anunció que pidieron para el año próximo un aumento real de 4 por ciento, con lo cual el gasto del máximo tribunal, el Consejo de la Judicatura Federal y el Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ascendería a más de 84 mil 792 millones 400 mil pesos.

Lamentablemente la consecuencia directa de asfixiar a través de un recorte presupuestal al Poder Judicial Federal es colocar, inmediatamente, a los más vulnerables en una condición aún mayor en desventaja para acceder a sus derechos.

En una inédita sesión solemne en la que estuvieron los ministros de la Corte, los consejeros de la judicatura y los magistrados electorales, convocada por Piña sólo para hacer este anuncio, se afirmó que economizarán y ahorrarán, pero que no pueden aceptar un recorte.

El anuncio se dio en momentos en que el Poder Judicial y el presidente Andrés Manuel López Obrador han tenido roces por los fallos contra las acciones de gobierno, como el reparto de los libros de texto gratuitos, lo que ha llevado a algunos diputados de Morena a manifestar su intención de disminuir sus recursos para el próximo año.

Según la propuesta de Piña, el mayor monto sería destinado a la Judicatura, con 74 mil 793 millones 300 mil pesos, seguido por la SCJN con 6 mil 91 millones 100 mil pesos; en tercer lugar, el TEPJF, con 3 mil 890 millones de pesos.

La asignación requerida para la impartición de justicia federal en 2024 representa, en promedio, 1.8 pesos diarios por mexicano. Agregó que el acceso real y efectivo a la justicia no puede ser negociable y enfatizó que cualquier función pública está directamente condicionada a la autosuficiencia presupuestal.

Desde el Poder Judicial reiteramos nuestro compromiso con México, no sólo de someter todas nuestras actuaciones al marco constitucional y legal que nos rige, sino también de hacer valer la fuerza vinculante de nuestra Constitución para así no dar un paso atrás en la tutela de la dignidad de las personas.

Ejemplificó que la demanda por defensores públicos aumenta 20 por ciento anual y que en 2024 deberán crear 45 nuevos órganos jurisdiccionales para cumplir con la nueva justicia laboral en términos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), además de destinar más dinero para la seguridad de jueces, magistrados y ministros.