En la administración capitalina actual se han emitido 316 dictámenes de impacto urbano para nuevas edificaciones de más de 5 mil metros cuadrados para uso comercial o mixto, así como de 10 mil metros cuadrados para uso habitacional.

De acuerdo con el quinto Informe de gobierno, en este periodo se han autorizado 85 polígonos de actuación y se ha revisado el cumplimiento normativo de otros 174 aprobados en la anterior administración, de los cuales 48 derivaron en juicios de lesividad que continúan su curso, a excepción de 16 que fueron modificados por los desarrolladores para cumplir con los requerimientos legales.

En el apartado de Desarrollo urbano sustentable e incluyente, el documento menciona que desde su creación en marzo de 2021 a la fecha, la Comisión de Impacto Único, órgano colegiado que procesa los estudios de impacto urbano y ambientales de las grandes construcciones, ha aprobado 46 dictámenes y modificaciones positivas para megaproyectos.

Refiere que 150 desarrollos inmobiliarios cuentan con manifestación de construcción y 63 ya han iniciado las obras de construcción.

También señala que como parte del programa de reconversión de oficinas a viviendas se han recibido 18 solicitudes, de las cuales cinco, que representan 298 viviendas nuevas, se dictaminaron procedentes.

Ante la inconformidad vecinal por los megadesarrollos, desde enero de 2020 se introdujo un proceso de consulta pública para la autorización de las construcciones de alto impacto. Al 31 de julio de este año se han realizado 44 de estos procesos para edificaciones mayores a 10 mil metros cuadrados.

Respecto del Programa Especial de Regeneración Urbana y Vivienda Incluyente, que promueve la construcción de departamentos económicos con apoyo del sector privado en 23 corredores urbanos, detalla que hasta febrero de 2023 sólo se han iniciado cinco proyectos.

Con ello se estima la entrega de mil 715 viviendas para el segundo trimestre de 2024, de las cuales 345 serían viviendas incluyentes a un precio máximo de 1.4 millones de pesos. Con este esquema, los desarrolladores reciben beneficios fiscales y administrativos a cambio de que 20 por ciento de sus unidades sean de tipo incluyente.