El gobierno capitalino hizo una ampliación presupuestal y transfirió cerca de 180 millones de pesos al Poder Judicial de la Ciudad de México para resolver el conflicto que mantiene con sus trabajadores, quienes por tercer día consecutivo suspendieron labores en demanda de un incremento salarial de 7.7 por ciento.

En conferencia de prensa, el jefe de Gobierno, Martí Batres, señaló que los aumentos en la capital del país se rigen bajo ciertos parámetros; con base en eso y conforme a las posibilidades presupuestales de la administración local es que se apoya al Poder Judicial.

Agregó que aunque estrictamente no son trabajadores que dependan de la administración capitalina, por medio de la Secretaría de Gobierno se busca conciliar con ellos para llegar a un acuerdo a fin de no afectar las actividades judiciales.

Además de un incremento salarial de 7.7 por ciento, exigen el pago de un apoyo único de 7 mil 100 pesos para todos, así como mejoras laborales.

Su protesta llevó al Consejo de la Judicatura a suspender los términos y plazos procesales ante la imposibilidad de acceder, en la mayoría de los casos, a las 35 sedes del órgano judicial por la colocación de sillas y hasta motocicletas, como en las salas de juicios orales de Doctor Lavista 114.

Advirtieron que el paro de actividades continuará, aun cuando ayer se les pagó la primera quincena de septiembre con el aumento de 3.5 por ciento y el retroactivo correspondiente desde el 1º de enero, como anunció el Poder Judicial capitalino el pasado domingo.

Sin embargo, los inconformes dijeron que lo entregado está por debajo de nuestra demanda, ya que lo que a los de la Judicatura les dieron 8 por ciento, como si fuéramos de segunda, y se esfumará con el descuento de impuestos.

Aseguraron que no hay justicia para los trabajadores porque tenemos al peor presidente del Poder Judicial local de la historia, Rafael Guerra, y ninguno de sus siete sindicatos ve por la gente.