De 2010 a 2024, de acuerdo con las proyecciones del gobierno federal en el Presupuesto de Egresos para el siguiente año, el gasto en pensiones y jubilaciones del sector público se cuadruplicó, como consecuencia del envejecimiento de la población mexicana.

En el paquete económico 2024, entregado la semana pasada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se establece que la erogación en el rubro de pensiones contributivas será de un billón 499 mil millones de pesos. En 2010, el monto destinado a este segmento fue de sólo 343 mil millones de pesos.

Lo anterior significa que en 14 años el gasto destinado a pensiones y jubilaciones de trabajadores del gobierno que se retiran y en sus familiares se ha incrementado en un billón 155 mil millones de pesos.

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía indican que entre 1970 y 2023, el porcentaje de la población menor de 14 años disminuyó de 46 a 23 por ciento y la de 15 a 29 pasó de 26 a 24 por ciento; en contraste, la población adulta de 30 a 64 años aumentó de 24 a 43 por ciento, mientras el porcentaje de adultos mayores se incrementó a más del doble, al pasar de 4 a 10 por ciento.

Los datos anteriores dan cuenta del envejecimiento de la población, pues mientras la población infantil y en edad de trabajar disminuyó, la de mayor edad aumentó. Además, según cálculos de Hacienda, en 2050, la población mayor de 65 años representará 17 por ciento del total.

Para dimensionar el incremento en el gasto que ejerce el Estado para cubrir el rubro de pensiones, éste es superior al billón 108 mil millones de pesos que el gobierno propone gastar en todo 2024 en el rubro de inversión, del cual 20 por ciento es para proyectos prioritarios como el Tren Maya o el Corredor Interoceánico.

Los casi 1.5 billones de pesos etiquetados para pensiones contributivas (trabajadores formales que cotizaron en el sistema de seguridad social) del siguiente año son recursos destinados a pagar a los jubilados del gobierno federal que previamente se desempeñaron en empresas estatales como Petróleos Mexicanos o la Comisión Federal de Electricidad, así como a los registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.

En otro apartado están los 465 mil 48.7 millones de pesos del programa universal de pensiones para adultos mayores, que está plasmado en la Constitución y se otorga a partir de los 65 años, independientemente de que el beneficiario haya cotizado o no. De esta forma, en 2024 el gobierno debe destinar casi 2 billones de pesos a pensiones, es decir, 22 por ciento de todo el presupuesto federal del siguiente año.

Debido al acelerado ritmo al que crece el gasto en pensiones, dijo Alejandra Macías, directora ejecutiva del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), México debe pensar y poner en práctica cambios urgentes para que los efectos en las siguientes generaciones no sean tan duros, siendo el primer paso la integración de los diferentes sistemas de pensiones que existen en el país.

Agregó que un ajuste profundo en las pensiones debe considerarse como parte de una reforma fiscal que debería aplicarse al inicio de la siguiente administración.