Mexicali, BC., David Alejandro Rodríguez Jacobo y Nabor Medina Garza, directivos de Banca Afirme, huyeron de México hacia España, vía Estados Unidos, tras ser acusados de desacato judicial en el proceso penal por el delito de abuso de confianza por retención de 123 millones de pesos de un fideicomiso formalizado por el entonces gobernador Jaime Bonilla Valdez (2019-2021) para la construcción de una planta de generación de energía fotovoltaica en Mexicali en beneficio de Next Energy.

Desde febrero de 2022 Banca Afirme retuvo dicho monto, el cual provenía de las participaciones federales que la Secretaría de Hacienda entrega de manera mensual al gobierno de Baja California.

La retención era por los avances de construcción de la planta, pero la única evidencia del proyecto es la primera piedra que colocó Bonilla Valdez en 2021, pues nunca contó con permisos federales ni municipales. Aun así, Banca Afirme se quedó con 123 millones de pesos para el pago de Next Energy, a pesar de que el contrato se revocó por carecer de sustento legal, pues la Federación es la única facultada para estos fines.

Ante la negativa de los ejecutivos bancarios a comparecer ante el juez de control, se resolvió librar una orden de aprehensión en contra de Rodríguez Jacobo y Medina Garza.

La Fiscalía General del Estado ofreció una recompensa de 500 mil pesos a quien proporcione datos que lleven a la captura de los dos directivos de Afirme.

De acuerdo con fuentes consultadas, uno de los implicados viajó de Monterrey, Nuevo León, a McAllen, Texas, para luego trasladarse a Madrid, España. El otro viajó de Monterrey a una playa de Oaxaca, de donde salió en un viaje privado a McAllen y de ahí huyó a la capital española.

Se desconoce si la fiscal general del estado, María Elena Andrade, solicitó la emisión de una ficha roja a Interpol para su localización en Europa.

En octubre de 2022, un juez de control del Poder Judicial de Baja California vinculó a proceso a seis ex funcionarios del gobierno de Bonilla Valdez por el delito de peculado. Todos eran parte del Consejo Estatal de Energía.

Se les imputaron delitos por la creación de un fideicomiso para construir una planta de energía fotovoltaica en Mexicali, a cargo de Next Energy, con un impacto al erario de 30 mil millones de pesos, sin que el gobierno estatal contara con facultades para ello por ser exclusivas de la Federación.

De los 30 mil millones de pesos destinados al proyecto se pagaron 123 millones por un contrato para el que no existe un solo permiso.

La investigación incluye al ex gobernador Jaime Bonilla quien, al confirmar que estaba entre los imputados, solicitó volver a su curul en el Senado de la República con la finalidad de protegerse con el fuero hasta 2024.