estaco, en primer término, el carácter inconsulto de la megaobra Tren Maya entre las poblaciones afectadas, que incluyen a pueblos originarios protegidos por la Constitución y por acuerdos internacionales, como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007, que estipulan, entre otros, el derecho a la consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada respecto de proyectos y acciones del Estado y de corporaciones de variada índole que pudieran afectar sus tierras, territorios, identidades, patrimonios culturales y su ambiente.
En este sentido, el comunicado de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) fue muy claro en llamar la atención al proceso de consulta indígena realizado por el INPI, del 15 de noviembre al 15 de diciembre de 2019, por no haber cumplido con todos los estándares internacionales en la materia, asegurando que las autoridades decidieron unilateralmente
el método del proceso sin el acuerdo de las comunidades, por lo que criticó la parcialidad de la consulta.
Por su parte, el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, que sesionó para el caso del Tren Maya, responsabilizó al Estado mexicano de ecocidio y etnocidio por la violación de los derechos fundamentales de la naturaleza, del pueblo maya, de la madre tierra y del derecho a la vida y a existir. Asimismo, condenó a las autoridades mexicanas a la suspensión inmediata del megaproyecto, así como a la desmilitarización de los territorios indígenas y la suspensión de los procesos de despojo de tierra ejidal.
En el ámbito cultural es notable la ruptura conflictiva dentro de una institución cuya tarea es la investigación, la difusión y la preservación del patrimonio cultural de la nación y sus pueblos: el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), situación agravada a partir de su participación en el Tren Maya, y por problemas graves de la institución, que no han sido resueltos. Específicamente, los compromisos que adquirió el INAH con el Tren Maya, bajo el control de la Secretaria de la Defensa Nacional, han provocado la profundización de esa ruptura entre autoridades obsecuentes a las exigencias de tareas, tiempos, disciplinas y formas de trabajo de Sedena, y el sindicato de académicos de la institución que ha manifestado su rechazo a las políticas represivas de las autoridades contra investigadores que mantienen perspectivas críticas hacia la megaobra, como demuestra el caso paradigmático del colega arqueólogo Fernando Cortés de Brasdefer.
Asimismo, es de recalcar opiniones que consideran que el INAH debe acotarse a una de sus disciplinas, la arqueología, al modo Tren Maya, y, en consecuencia, se minimizan o ignoran las aportaciones de otras ciencias antropológicas e históricas que dentro de la institución están representadas en numerosos investigadores, cuyos conocimientos, especialidades y opiniones no son tomadas en cuenta en el INAH, a excepción de quienes se pliegan a la considerada antropología de la disuasión social, que, como en el pasado el indigenismo de Estado, mediatiza las resistencias de los pueblos en favor de políticas neodesarrollistas, como las que emprende el gobierno actual.
También, y a partir de las condenas de organismos internacionales, ignoradas por el Ejecutivo federal, me parece necesario y urgente tomar conciencia del contexto global en que esta megaobra se inserta, que los mayas zapatistas consideraron la tormenta que se avecina y nos alcanza, y que no es ni metafórica ni simbólica ni tampoco alude a una visión apocalíptica de vocaciones proféticas, sino a la posibilidad real y con bases científicas de una catástrofe de escala planetaria, que Carlos Taibo denomina colapso, y que describe como el hundimiento general y masivo del sistema dominante, caracterizado por reducciones sustanciales en la producción industrial; el derrumbe simultáneo y combinado de carácter financiero, comercial, político, social, cultural y ecológico debido a sus propias contradicciones y realidades verificables que están teniendo lugar: el cambio climático, el agotamiento de las materias primas energéticas, la agresión irreversible contra la biodiversidad, las condiciones sociales de desempleo, pobreza, hambre, desplazamientos forzados masivos, incremento exponencial de la mortalidad por enfermedades curables y pandemias, guerras por materias primas, y por estrategias geopolíticas para imponer o continuar la dominación económica, política y militar de las potencias imperialistas en determinadas regiones; genocidios, etnocidios, ecocidios, terrorismos de Estado, proliferación de armas nucleares, derrumbe de las megaurbes y el paso a las necrópolis, extensión de la delincuencia y las bandas criminales como la otra cara de la recolonización o acumulación militarizada y mafiosa.
