ebelión de las bases magisteriales y padres de familia, de un lado; de otro, una mezcla confusa de improvisaciones, falsedades, contradicciones del gobierno del estado y las direcciones de las secciones 8 y 42 del SNTE, que se podrían calificar con el chihuahuismo reborujo. Así se puede resumir lo que ocurre en Chihuahua en torno a los libros de texto gratuitos (LTG).

Tres semanas llevan los niños de las escuelas públicas privados de sus textos, luego de la controversia constitucional que interpuso el gobierno estatal ante la SCJN y que el ministro Luis María Aguilar guarda en la congeladora. Mientras, el alumnado chihuahuense tiene que conformarse con unos cuadernillos elaborados a matacaballo por el gobierno del estado o refriteados de materiales hechos para el tiempo de pandemia, de muy mala calidad pedagógica y de impresión.

Esto ha suscitado una rebelión en sectores de la sociedad chihuahuense. Uno de los grupos más combativos y dinamizadores de la protesta es el de Ciudad Madera. Desde antes del inicio de cursos docentes, padres de familia, docentes, supervisores y jefes de sector se han organizado y mostrado de diversas formas su inconformidad: asambleas en las escuelas, carteles informativos, marchas y mítines hasta la ciudad de Chihuahua, constitución de colectivos para exigir la entrega de los textos.

Por lo menos en tres ocasiones ha habido marchas de todo el estado al palacio de gobierno demandando la entrega de los LTG; contingentes de padres de familia, del magisterio y ciudadanía en general, desafiando las amenazas de las autoridades educativas y la tibieza del liderazgo sindical. Los contingentes han ido en aumento. Se constituyó el Frente para la Defensa de la Educación Pública con amplia participación de maestros, intelectuales, padres de familia. Los líderes de las secciones 8 y 42 han oscilado entre el tímido acatamiento a la directiva del SNTE de demandar la entrega de los libros y la subordinación a la gobernadora.

El movimiento cunde. Este miércoles 20 la bancada de Morena en el Congreso del estado comenzó a entregar 100 mil cartas personales firmadas por madres y padres de familia demandando a la gobernadora la entrega de los textos. Mientras se acusa el recibo de cada una de estas misivas se mantendrá un plantón frente al palacio de gobierno. Luego se entregarán otras 100 mil cartas provenientes de todos los rumbos de Chihuahua pidiendo al Presidente de la República que se haga efectivo el derecho de la niñez chihuahuense a los LTG.

La inconformidad se deja sentir hasta en las reuniones oficiales. Hace unos días, los jefes de sector y supervisores de educación primaria se sublevaron en una reunión convocada por Servicios Educativos del estado de Chihuahua cuando se les trató de convencer de la controversia constitucional contra los LTG interpuesta por el gobierno del estado. No insulten nuestra inteligencia y entreguen los libros ya, espetaron a los funcionarios. Por su parte, los estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional en Parral se declaran en rebeldía ante los cobros por los cursos de la USICAMM. Prácticamente no hay voces dentro del magisterio, incluso las menos politizadas, que defiendan el Frankestein editorial del gobierno de Chihuahua.

Ante la presión de los movimientos que demandan se entreguen los LTG y defienden la educación pública, la respuesta del gobierno de Chihuahua ha sido una suma de traspiés y despropósitos. El sábado 9 convocó a una concentración contra los textos, junto con una serie de organizaciones empresariales y ciudadanas. A los empleados del gobierno se les pasó lista de asistencia. Aun así, el contingente fue muy reducido con relación con las decenas de miles de padres de familia que dicen representar. El tono predominante del acto correspondió más al arranque de campaña del candidato de la extrema derecha a la Presidencia de la República que un análisis bien fundamentado contra la Nueva Escuela Mexicana y los LTG.

El bloqueo de los textos ha introducido a las autoridades educativas del gobierno de Chihuahua a una dinámica de desgaste y confrontaciones internas; por ejemplo, se hizo renunciar al subsecretario de Educación Básica. Por presiones sindicales se removió a la directora de Educación Indígena, una mujer rarámuri con doctorado, a pesar de la protesta de la Red de Mujeres Indígenas. Ante las demandas de información sobre el costo y proceso de elaboración de los cuadernillos el gobierno del estado declaró reservada durante un año la información sobre los costos de los materiales y los contratos con las empresas que los elaboraron. La misma sección 8 del SNTE se ha mostrado preocupada por que el alumnado pierda el ciclo escolar por no disponer de los textos. No sería extraño que sacrifiquen a altos funcionarios para tratar de calmar los ánimos.

El bloqueo del gobierno de Chihuahua a los LTG ha puesto a la educación pública en el centro del debate estatal; ha despertado fuerzas sociales que parecían adormiladas, ha generado un movimiento que hace mucho no se veía y ha desenmascarado las intenciones y limitaciones de la derecha local. En una nada, hasta se les agradece.