Caracas. Unos 500 funcionarios han sido condenados en Venezuela desde 2017 por violaciones a los derechos humanos, indicó ayer el fiscal general, Tarek William Saab, en respuesta a cuestionamientos al sistema de justicia.

Santa Cruz. El presidente de Bolivia, Luis Arce, confirmó ayer que no asistirá al congreso nacional del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), convocado por el depuesto mandatario Evo Morales (2006-2019) en el municipio de Lauca Ñ, donde se definirá al candidato presidencial para las elecciones de 2025. Las organizaciones sociales no se sienten representadas en el congreso de Lauca Ñ, en el departamento de Cochabamba, es muy difícil que vayamos a estar donde los dueños no van a estar, comentó Arce en conferencia de prensa. El gobernante observó que el congreso redujo el número de delegados a las organizaciones fundadoras del MAS, en comparación con 2016. Dentro del partido existen grupos que se disputan el poder y la candidatura oficial.

Lima. La mandataria de facto de Perú, Dina Boluarte, declaró ayer ante la fiscalía, por tercera vez en lo que va del año, por su presunta responsabilidad en la represión a las protestas que dejaron 50 muertos tras la destitución de Pedro Castillo. Boluarte permaneció 90 minutos en la sede del Ministerio Público donde compareció ante la fiscal general Patricia Benavides, y su adjunto Carlos Huamán. La mandataria, abogada de 61 años, se retiró del lugar sin dar declaraciones resguardada por un fuerte contingente policial.

Estrasburgo. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) empezó a examinar ayer una denuncia presentada por seis jóvenes portugueses contra 32 países por no hacer lo suficiente para detener el calentamiento global. El caso concierne al impacto del cambio climático que los demandantes consideran imputable a los estados, en especial el calentamiento global traducido en olas de calor e incendios forestales que afectan a sus vidas y su salud, declaró Siofra O’Leary, presidenta de la gran sala del tribunal. La demanda, en la senda de otras acciones recientes para conseguir justicia climática, tuvo como desencadenante los incendios forestales de 2017 en Portugal que mataron a más de cien personas. Los demandantes, de 11 a 24 años, alegan que sufren ansiedad por su salud ante la crisis climática.