El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, denunció un acoso judicial en contra del trabajo de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa.

Se ha convertido en una práctica para desvirtuar el trabajo que hemos venido desarrollando, señaló durante la conferencia en la que presentó el segundo informe de avances en las investigaciones en torno a los crímenes contra los normalistas. Incluso reveló que pesan procesos penales en su contra por esta labor.

El funcionario abrió su presentación refiriéndose a la decisión de la jueza federal María Isabel Bernal, donde se me prohíbe decir la verdad, pues le ordenan no sugerir ni mencionar al ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón –quien está en Israel, prófugo de la justicia mexicana– como torturador ni como autor de la verdad histórica.

“Esto será un informe sui géneris, acabo de recibir hace un momento en mi oficina un amparo que concedió el juzgado séptimo de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México al señor Tomás ‘N', en donde se me prohíbe decir la verdad. Ese es un asunto paradójico en la vida de nuestro país, al presidente de la Comisión de la Verdad se le instruye a no decir la verdad, a guardar silencio”.

A partir de ello, a lo largo de toda la presentación, cuando había alguna alusión a Zerón, el subsecretario irónicamente lo mencionaba como el señor innombrable.

A pregunta expresa sobre este acoso judicial y si lo impugnaría, Encinas declaró: Yo no acusé a este señor, no se me ocurrió inventar lo de torturador ¿no? Fueron ustedes quienes publicaron los videos de tortura. Yo no sé por qué para los medios de comunicación que publicaron esos videos no existe una restricción de esa naturaleza.

También criticó las resoluciones judiciales que lo llaman a comparecer en los casos de los altos mandos castrenses detenidos por los hechos de Ayotzinapa. Hay otro amparo en el que los militares me requieren como testigo de descargo. ¡Me va a encantar esa audiencia!

Desde su perspectiva se trata de una estrategia indebida y equívoca de parte los defensores de los ex servidores públicos señalados en las investigaciones del caso.

Son estrategias de los abogados justamente para distraer la atención, quieren litigar en los medios lo que no pueden hacerlo frente a las evidencias. Hay que tenerlo muy claro.

Confió en una actuación responsable de parte del Poder Judicial.

Nuestra labor es buscar la verdad, yo no soy policía, no soy autoridad ministerial, tengo un encargo político y moral para hacer una investigación que nos permita conocer la verdad de los hechos. Y lo voy a cumplir, apegado estrictamente a las facultades y competencias que me da el decreto presidencial que creó esta comisión y a las propias de mi encargo como subsecretario de Derechos Humanos. Y de ahí no nos vamos a mover.