El juzgado octavo de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México ordenó al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) no destruir documentos relacionados con la llamada guerra sucia, en el contexto de la suspensión dictada en un juicio de amparo que promovió Alicia de los Ríos Merino, hija de Alicia de los Ríos, militante de la Liga Comunista 23 de Septiembre desaparecida desde 1978.

El amparo fue promovido con el objetivo de que se localicen y traladen archivos perdidos, sustraídos, faltantes o que nunca fueron transferidos (y debieron serlo) al Archivo General de la Nación ante las irregularidades documentadas por el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico, de la Comisión para la Verdad, sobre las graves violaciones a derechos humanos cometidas entre 1965 y 1990.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que acompaña el caso junto con otras organizaciones, expuso que el 8 de septiembre pasado el juicio de amparo fue admitido por el juzgado octavo de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México.

Gracias a una resolución del vigésimo cuarto tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito se concedió la suspensión provisional y, el pasado 21 de septiembre, el juzgado octavo hizo lo propio al conceder la suspensión definitiva en el juicio, explicó.

Estas resoluciones, señalaron las organizaciones, reconocen que familiares como Alicia de los Ríos Merino tienen derecho a exigir que se revisen estos documentos, donde podría encontrarse información sobre el paradero de su madre desaparecida, así como el esclarecimiento de este periodo de represión estatal contra movimientos sociales.

Asimismo, resaltaron que el Poder Judicial advirtió que las autoridades del Centro Nacional de Inteligencia no desvirtuaron con pruebas las irregularidades documentadas por el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico, sino que solamente se han limitado a negarlas.

En el contexto de la conmemoración del 2 de octubre, las organizaciones hicieron un llamado al CNI “a cumplir con las resoluciones del Poder Judicial y cumplir, finalmente, con las órdenes presidenciales de transferir todos los archivos de la represión con los que cuentan.

Estos documentos son esenciales para garantizar el derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad en su conjunto, pero también para asegurar la justicia, memoria, reparación y no repetición de los hechos. Que, al término del sexenio, familiares de víctimas de desaparición tengan que acudir a los tribunales para que éstos tutelen su derecho a la verdad muestra que la promesa de esta administración de ir a fondo en este tema permanece aún incumplida, advirtieron.