Guatemala. La Corte de Constitucionalidad de Guatemala respaldó ayer la actuación de la fiscalía y del juez penal que ordenó la suspensión del partido político del presidente electo, Bernardo Arévalo, al resolver el último recurso pendiente relacionado con la arremetida judicial contra el Movimiento Semilla y el proceso electoral.

El órgano judicial avaló que el juez penal Fredy Orellana tenga competencia para actuar y suspender la personalidad jurídica de organizaciones políticas cuando ve indicios de delitos relacionados con la Ley Contra la Delincuencia Organizada, que es la norma invocada para investigar al Movimiento Semilla y pedir su suspensión.

El fallo responde a un recurso presentado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en el que cuestionaba que un juez del ámbito penal tuviera competencia en materia electoral.

Con este aval, la Corte de Constitucionalidad está diciendo que todo está bien, que no ha habido problema, y (está) protegiendo al juez y la fiscalía, explicó el abogado constitucionalista Alejandro Balsels, en alusión a las acciones del fiscal Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana para suspender al partido con el que el progresista Arévalo ganó la presidencia.

La decisión llegó después de un viaje del presidente electo a Estados Unidos para denunciar la arremetida contra su partido y contra el proceso electoral, tras una serie de allanamientos a las autoridades electorales que concluyeron con la confiscación de actas que contenían el recuento del voto ciudadano.

La fiscalía investiga varios casos, entre ellos presuntas anomalías en las firmas presentadas para la creación del Movimiento Semilla como partido y denuncias de supuesto fraude electoral del partido de Sandra Torres, que perdió las elecciones, a pesar de que el TSE avaló y oficializó los resultados de ambas rondas de votación con la veeduría de organismos nacionales e internacionales que certificaron el proceso.

El fiscal Curruchiche, el juez Orellana –quien ordenó allanamientos a la sede del TSE–, así como la fiscal general, Consuelo Porras, y la fiscal Cinthia Monterroso han sido sancionados por el gobierno estadunidense por obstruir la lucha anticorrupción, socavar la democracia en Guatemala y emitir resoluciones judiciales con fines políticos.

Estados Unidos ha dicho que sancionará a aquellos que se interpongan en la transición del gobierno de Arévalo. Este último afirma que Porras encabeza junto a sus fiscales una maniobra para evitar que él asuma el poder en enero. Tras las acciones de la fiscalía, Arévalo suspendió a mediados de septiembre el proceso de transición de gobierno con el presidente saliente Alejandro Giammattei, pero el trámite se reanudó la víspera.

Mientras, indígenas y campesinos bloquearon ayer por cuarto día consecutivo 41 carreteras en 12 departamentos del país, según la Dirección General de Protección y Seguridad Vial, en reclamo de la renuncia de Porras.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al Estado guatemalteco a respetar el resultado de las elecciones presidenciales pasadas.