¿Cómo va a ser justa medianía ganar 700 mil pesos mensuales, si el salario promedio de los mexicanos es de 16 mil?, preguntó el presidente Andrés Manuel López Obrador al descalificar los excesos en el Poder Judicial de la Federación (PJF).

En esta lógica, respaldó nuevamente la pretensión de eliminar los 14 fideicomisos de esa instancia, sugiriendo que los 15 mil millones de pesos que eventualmente se le retirarían podrían destinarse a becas para estudiantes.

Por segundo día consecutivo, respaldó la reforma impulsada en San Lázaro: no hay ningún problema, porque se trata de privilegios; no se van a quedar sin sueldos ni prestaciones básicas, no se va a cerrar ningún juzgado ni a despedir a nadie en caso de que la Cámara de Diputados resuelva sobre esto. Consideró que incluso en el caso del fideicomiso sobre el que se ha centrado el debate, por su presunta repercusión en las condiciones laborales del PJF, tampoco les afectará porque, aseguró, se trata de un fondo que ni siquiera se usa. Se constituyó y fue acumulando recursos, porque en realidad es una reserva, un guardadito que la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados debería explicar su historia para esclarecerlo.

En esa lógica, criticó que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación tengan la figura de Benito Juárez, cuando no siguen su máxima de que el funcionario debe vivir en la justa medianía. Para evidenciarlo, hizo un ejercicio comparativo de los sueldos de los ministros respecto a los trabajadores en general: hasta 700 mil pesos, frente 16 mil que es el salario promedio del trabajador inscrito en el IMSS.

Esto significa que el ministro gana 23 mil pesos a diario, frente a 533 del sueldo promedio de un trabajador, o 200 de quien percibe el mínimo.

El Presidente consideró que los 15 mil millones de pesos que se eliminarían del presupuesto del Poder Judicial se podrían destinar a becas, porque en la actualidad sólo tres programas sociales tienen carácter universal: la pensión de adultos mayores y los apoyos a discapacitados (en gran parte de los estados, donde hay convenio con los gobiernos locales) y a estudiantes de bachillerato.

Sin embargo, en educación básica no, por lo que hay comunidades con elevados niveles de rezago, donde la mitad de la escuela cuenta con beca y el resto carece de ella.