Cuernavaca, Mor., Cincuenta por ciento de los diputados de la 55 Legislatura tienen conflicto de intereses con aspirantes a una magistratura en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), debido a que 10 que se registraron son trabajadores o ex colaboradores del mismo número de diputados locales, denunció la organización civil Morelos Rinde Cuentas.

Ellos son Elías Barud, asesor del área de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado y colaborador del diputado del Partido Nueva Alianza (Panal) Agustín Alonso; Eduardo López Castro, secretario técnico de la Comisión de Reglamentos, Investigación, Prácticas y Relaciones Parlamentarias y empleado del diputado Julio César Solís Serrano, de Movimiento Ciudadano (MC).

También está Nicolás Arturo Garduño Sámano, secretario técnico de la Comisión de Puntos Constitucionales y colaborador del diputado del PRI, Eliasib Polanco Saldívar.

Además, Arturo Loza Flores, coordinador de la dirección de recursos humanos y trabajador del diputado Alberto Sánchez Ortega, de Morena; César Salgado Alpízar, secretario técnico de la Comisión de Medio Ambiente y colaborador de la diputada Andrea Gordillo, del PAN; Fernando Abarca Torres, secretario técnico de la Comisión de Deporte y ayudante de la legisladora Luz Dary Quevedo, de MC.

Publican fotos de quienes buscan vacante en el TSJ

Morelos Rinde Cuentas publicó en su cuenta de X las fotos de los diputados y sus colaboradores que se inscribieron para una vacante en el TSJ. De igual forma se registraron Araceli Salas García, secretaria técnica de la Comisión de Igualdad de Género y auxiliar de la diputada Tania Rodríguez, del PT; Roberto Soto Pastor, secretario de la Comisión Especial de Energía y empleado de Marguis del Rayo, del local Morelos Progresa.

José García Noguerón, auxiliar administrativo de la dirección de recursos humanos y coadjutor de Macrina Vallejo, de Morena, y Felipe Garay, secretario técnico de la Comisión de Seguridad y Protección Civil y colaborador de la morenista Paola Cruz Torres.

La organización señaló que el ex titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Juan Salazar Núñez, quien se inscribió, tiene conflicto de intereses pues fungió como consejero jurídico en el sexenio del perredista Graco Ramírez (2012-2018), quien lo propuso para la fiscalía anticorrupción en 2015.