Oaxaca, Oax., El asesinato de los activistas Bety Cariño y Jyri Jaakkola, en una emboscada que perpetró un grupo paramilitar contra una caravana humanitaria en abril de 2010, sigue impune, ya que los responsables han sido protegidos sistemáticamente por autoridades estatales, manifestaron defensores de derechos humanos que participaron en la inauguración de la exposición Semillas que florecen, en el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca (IAGO).

La abogada Karla Michel Salas ofreció la conferencia Memoria, justicia y paz, en la que recordó que 13 años después del ataque armado no se ha hecho justicia, pese a que desde el primer momento se supo quiénes fueron los responsables; la celada fue perpetrada el 27 de abril de 2010, durante la administración del entonces gobernador priísta Ulises Ruiz Ortiz.

Refirió que para ellos es claro que los responsables fueron integrantes de la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui, organización a la que calificó de grupo paramilitar, que en ese entonces tenía sitiada la comunidad de San Juan Copala, declarada municipio autónomo.

Seis intocables

Michel Salas agregó que a raíz de las investigaciones, pero sobre todo de la presión a las autoridades, se libraron en ese entonces 14 órdenes de aprehensión, pero uno de los imputados falleció, por lo que quedaron por cumplimentar 13; no obstante, solamente se capturó a seis.

Explicó que algunas de las excusas de las autoridades para no detener al resto de los acusados era que estaban escondidos y su ubicación es casi imposible.

Sin embargo, recordó que presentaron pruebas de que los imputados no se escondían e incluso se habían tomado fotografías con funcionarios estatales, aunque no aclaró con quiénes ni de qué gobierno.

Karla Michel Salas indicó que, tras presentar las pruebas, un funcionario reconoció que los presuntos responsables tenían protección de políticos, aunque tampoco reveló su fuente ni dio a conocer nombres.

Lamentó que ya no exista la posibilidad de llevar a estos imputados ante la ley; sin embargo, tanto los activistas como los familiares de las víctimas confían en que instancias internacionales hagan justicia.