Prevé fabricación de más acusaciones
Miércoles 1º de noviembre de 2023, p. 29
Guatemala. El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, destacó ayer que los resultados de las elecciones generales del 25 de junio y de la segunda ronda, efectuada el 20 de agosto, son inalterables y han sido confirmados por el pleno del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Queda claro que ningún juez o fiscal puede modificar lo que el pueblo eligió en las urnas y que ha sido validado por la máxima autoridad electoral. No más incertidumbre, no más dudas, quienes fuimos electos y electas tomaremos posesión el 14 de enero
, afirmó en conferencia de prensa.
Horas antes, el TSE acordó dar por concluido el proceso electoral como estaba previsto en el calendario de los comicios luego de completar las tres fases estipuladas en la convocatoria de la cita con las urnas. “Con ello se oficializan los resultados de las acciones generales y de diputados al Parlamento Centroamericano 2023 (…) dándose certeza jurídica a los ciudadanos electos en los diferentes cargos”, decretó el tribunal.
Ante los ataques que ha recibido del órgano judicial para impedir su investidura, Arévalo advirtió sobre la posibilidad de que fabriquen todo tipo de acusaciones, pero tenemos la tranquilidad de que esos intentos ya no alterarán el resultado electoral
.
El gobierno estadunidense sancionó a más de una docena de personas originarias de Guatemala, entre ellas funcionarios, empresarios y particulares, por socavar la democracia y el estado de derecho al intentar afectar el proceso electoral, informó Matthew Miller, vocero del Departamento de Estado.
La identidad de los sancionados no se hizo pública, como ha ocurrido en otras ocasiones. Un funcionario del departamento confirmó bajo anonimato a la agencia Ap que son 14, entre ellos funcionarios del Ministerio Público.
Aparte, el Departamento de Estado indicó que fueron vetados del acceso a visas el viceministro de Desarrollo Sostenible, Óscar Pérez, así como Gendri Rocael Reyes Mazariegos, ex ministro del Interior, y Alberto Pimentel Mata, de Energía y Minas, acusados de corrupción significativa
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