La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) hizo pagos indebidos y en exceso para las obras de mejoramiento en pueblos yaquis de Sonora, así como en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que de no solventarse causarán daño al erario por 96 millones 760 mil 825 pesos, señala la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

El informe individual de fiscalización a la cuenta pública 2022 señala que en el programa destinado a combatir el rezago social en servicios básicos de salud, energía, vivienda y medio ambiente en los pueblos yaquis hay irregularidades por 62 millones 423 mil 278 pesos, mientras en el mismo programa aplicado en Tuxtla Gutiérrez hay anomalías por 34 millones 334 mil 547 pesos.

Por lo anterior, advierte, la Sedatu no cumplió con las disposiciones legales y normativas, de modo que esta dependencia está obligada a demostrar que los recursos públicos etiquetados para este fin se ejecutaron y aplicaron en tiempo y forma.

De acuerdo con las reglas de operación del programa de mejoramiento urbano, a cargo de Román Meyer Falcón, titular de la Sedatu, el objetivo del presupuesto es atender las áreas urbanas de pueblos y municipios de medio a muy alto grado de rezago social.

Los fondos deben ser destinados a dar certeza jurídica en la tenencia de la tierra, así como ordenamiento territorial para reducir la brecha física y social, pero en las dos entidades la ASF detectó irregularidades que impiden el cumplimiento de este objetivo .

De los 259 millones 79 mil 400 pesos asignados a obras de infraestructura para yaquis, encontró pagos en exceso por inconsistencias en el cálculo del factor de financiamiento de los contratos, así como en los costos indirectos de los contratos de obra y en el cálculo del factor salario real, el cual no se realizó conforme a la norma.

Aunado a ello, identificó deficiente planeación de los trabajos a ejecutar, así como en la asignación de recursos para obras de infraestructura, pues en una visita de verificación, la ASF comprobó que las obras estaban inconclusas, sin mantenimiento, en condiciones de abandono y sin posibilidad de operar.

En el caso de los recursos para Tuxtla Gutiérrez, de los 207 millones 660 mil 500 pesos destinados, 34 millones 337 mil 547 no fueron solventados.

El informe destaca que se hicieron pagos en exceso por concepto de obra no ejecutada en el polideportivo Patria Nueva, así como en el Mercado 22 de noviembre, en el parque central, en el Centro de Desarrollo Comunitario El Aguaje y en el parque Cinco de Mayo.