Cuernavaca, Mor., Abogados de Morelos alertaron que los diputados de la 55 Legislatura pretenden designar magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del estado a personas que están ligadas al fiscal estatal, Uriel Carmona Gándara –quien enfrenta cuatro procesos penales– y con el aspirante a la postulación de Morena a la gubernatura, Rabindranath Salazar Solorio.

En conferencia de prensa, Omar Alejandro López Ortiz, presidente de la Asociación de Ex Agentes del Ministerio Público en la entidad, acusó además a los 15 legisladores locales que forman mayoría en el Congreso y que son oposición al gobierno estatal de pedir dinero por cada magistratura que otorguen mediante sus votos.

Entre los probables beneficiados mencionaron a María Luisa Sánchez Osorio, esposa de Carmona Gándara y a gente del grupo político de Salazar Solorio, como su ex suplente en el Senado y ex dirigente de Morena en el estado, Miguel Lucía Espejo, además de Gerardo Hurtado de Mendoza Armas y Carlos Benítez Urióstegui.

También se refirieron a Francisco Santillán Arredondo, cuyo único mérito es haber sido diputado local y dirigente del Partido Nueva Alianza (Panal) a nivel estatal, así como al ex consejero electoral Arturo Loza Flores, otro que nomás se ha dedicado a vivir del servicio público, afirmaron.

López Ortiz añadió en la lista a Horacio López Castro, quien solamente ha sido regidor del municipio de Temixco y siempre ha vivido de Movimiento Ciudadano (MC), además de Elizabeth Lázaro Torres, cuya única experiencia es haber sido subdelegada en la fiscalía regional.

Magistraturas a $5 millones

Consideró que en las próximas elecciones los morelenses votarán en contra de los 15 diputados que están vendiendo dichos cargos y que pertenecen a los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, del Trabajo, MC, Panal, Morena y Morelos Progresa.

Se están peleando las magistraturas con recursos económicos. Me consta que están pidiendo 5 millones de pesos por cada una, sostuvo.

El TSJ tiene 10 vacantes debido a que terminaron los periodos del mismo número de integrantes, por lo que el Congreso debe designar a los suplentes para los próximos 14 años.