Más de un centenar de comerciantes de las calles Francisco I. Madero, Isabel la Católica, 5 de Febrero, Moneda y Tacuba rechazan de forma unánime el proyecto para hacer peatonal el circuito del Zócalo, pues detrás de este plan turístico se busca una estrategia para restringir la movilidad en torno a Palacio Nacional, a partir de 2019 residencia presidencial, advirtió el Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño y la Empresa Familiar, que hizo una consulta entre sus integrantes.

La medida implicará la pérdida de empleos, cierre de negocios y controles que afectan la movilidad, afirmó Gerardo López Becerra, presidente de la agrupación.

“Al comercio y las empresas del Centro Histórico –poco más de 20 mil que generan más de 100 mil empleos– volver peatonales las calles significa el cierre de negocios, al restringir y dificultar todavía más la llegada de clientes y proveedores”.

Los comerciantes en pequeño de la zona están en desventaja desleal frente al empresario de las tiendas de franquicias que ofrecen comodidad, estacionamiento, seguridad y, sobre todo, la posibilidad de poder llegar a realizar las compras.

El dirigente consideró que la plancha del Zócalo ha sido lugar de tránsito y expresión popular de manifestaciones sociales y políticas. Sólo habría que recordar a los herederos de esta izquierda que lo que hoy pretenden cerrar y controlar fue una plaza abierta para la expresión legítima de las luchas que generaron diversos cambios en México desde los años 70.

Por su parte, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México señaló que la iniciativa que pretende modificar la Ley de Turismo local, presentada por el jefe de Gobierno, Martí Batres, cuyo propósito es regularizar las aplicaciones para alojamiento en inmuebles usados como casa-habitación y establecer lineamientos, derechos y obligaciones que aseguren la prestación de servicios de alojamiento seguros y de calidad, además de regular la operación de plataformas digitales, cuenta con bases sólidas y claros objetivos que, de aprobarse, dará certeza jurídica a los propietarios y a los usuarios.