l cumplirse siete años de la masacre de Nochixtlán, la Fiscalía General de la República (FGR) instó al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) a revisar la actuación del juez Álvaro Niño Cruz, quien ha cometido irregularidades que dejan impunes a policías acusados por los asesinatos cometidos el 19 de junio de 2016 en el asalto a ese poblado de Oaxaca. De acuerdo con la fiscalía, el juzgador dejó en libertad a un ex uniformado pese a las evidencias de su culpabilidad. Niño Cruz ha dictado otras sentencias polémicas, como cuando ordenó la liberación de cuatro personas capturadas en flagrancia con 600 kilogramos de cocaína.

Las aberrantes decisiones del juez de control obligan a recordar que el crimen de Estado perpetrado en esa localidad de la Mixteca oaxaqueña por policías estatales y federales continúa en impunidad casi absoluta. Más allá de los responsables materiales, es imprescindible recordar las responsabilidades políticas y morales de quienes dieron las órdenes y de quienes incubaron el clima de satanización y hostilidad que desembocó en el violento operativo contra la comunidad que respaldaba a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en su lucha contra la malllamada reforma educativa de 2013. Este gru-po incluye al ex presidente Enrique Peña Nieto, el ex gobernador Gabino Cué Monteagudo, el ex director de la Policía Federal Enrique Francisco Galindo Ceballos, los ex secretarios de Educación Pública Aurelio Nuño y de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y el empresario Claudio X. González, entre otros.

Y es que la masacre de Nochixtlán no fue un suceso espontáneo ni accidental, sino el desenlace trágico y previsible de una campaña de linchamiento mediático y judicial contra el magisterio democrático. Durante años, autoridades, medios de comunicación, líderes de opinión, académicos, organismos pretendidamente autónomos, organizaciones de la autodenominada sociedad civil y personas de negocios construyeron un relato que criminalizaba a los docentes que se resistieron a la imposición de los dogmas neoliberales en las aulas y que denunciaron el asalto a sus derechos laborales disfrazado de reforma educativa.

No se escatimaron recursos para demoni-zar a los maestros y desacreditar a la educación pública: a lo largo del sexenio, la SEP ejerció 4 mil 97 millones de pesos en publicidad; de los cuales, 3 mil millones fueron dedicados en exclusiva a la difusión de la reforma educativa; es decir, a la propaganda dirigida a azuzar a la sociedad contra los docentes. A lo anterior deben sumarse los incalculables montos empleados por la iniciativa privada y sus satélites civiles, que llevaron hasta las salas de cine su propaganda de odio al magisterio.

Como es sabido, el líder de la embestida antimagisterial fue el magnate Claudio X. González, quien usó su membrete de Mexicanos Primero como un grupo de choque para cabildear e imponer una legislación redactada a la medida de sus intereses, presionar al gobierno federal para que sofocara los focos de resistencia a la reforma de 2013 y promover ante el Ejecutivo la idea de que aplastar al movimiento magisterial devolvería a la administración peñanietista la legitimidad perdida por sus fracasos en otros rubros.

Como el propio empresario alardeó en un evento videograbado, fueron él y sus allegados quienes detonaron uno de los más graves conflictos sociales de las décadas recientes al generar una imagen negativa de los educadores, amañar el proceso legislativo para que se aprobase una iniciativa a espaldas de la sociedad, convertir al Poder Judicial en un instrumento de persecución contra los miembros más visibles de la CNTE, así como incitar a funcionarios ya proclives al autoritarismo para que lanzaran toda la fuerza del Estado contra los maestros. Por ello, él y las figuras mediáticas, intelectuales y académicas que lo acompañaron en su cruzada contra la educación pública comparten con gobernantes y mandos policiales la responsabilidad política y ética en las muertes, los daños tanto físicos como materiales, y las imborrables secuelas sicológicas que derivaron del brutal ataque perpetrado hace siete años.

En el ámbito estrictamente penal, es imperativo avanzar en el esclarecimiento, el deslinde de responsabilidades, el establecimiento de las sanciones debidas, la reparación del daño y las garantías de no repetición que son necesarias para hacer justicia integral en este deplorable episodio. Con los elementos conocidos, resulta evidente que el primer paso en este camino consiste en que el Poder Judicial emprenda un profundo saneamiento institucional y remueva a aquellos de sus integrantes que trabajan de manera activa para perpetuar la impunidad y obstruir la justicia.