El fideicomiso Fondo para atender el pasivo laboral, del Instituto Nacional Electoral (INE), utilizado para pagar compensaciones a quienes se van del organismo, adicionales a los finiquitos de ley, tiene un saldo bancario de 376.5 millones de pesos.

La cantidad es 12.19 por ciento menor (52 millones) que al 30 de junio de este mismo año, debido a que el INE debe hacer frente a toda las obligaciones establecidas en la normativa de los años recientes, incluidas las del estatuto del Servicio Profesional Electoral y del personal de la rama administrativa.

Tan sólo en el tercer trimestre del año se erogaron 66.9 millones por pagos de término de relación laboral, mientras únicamente la administración y operación del mismo fideicomiso costó 101 mil pesos.

De ello se ven beneficiados no sólo trabajadores de rangos menores, sino los altos funcionarios y consejeros electorales.

Por ejemplo, una persona con sueldo alto recibe montos netos cercanos a 2 millones de pesos, más lo correspondiente a la parte proporcional de prima vacacional e incluso por vacaciones no disfrutadas, y proporcional de aguinaldo, más aportaciones a un seguro de retiro individual, pagado en parte por el trabajador y otra por la institución.

Así, durante el tercer trimestre de 2023, el fondo reportó 14.7 millones de ingresos (aportaciones, rendimientos financieros y reintegros), pero 67 millones de gastos, por algunos de los conceptos mencionados.

Entonces, el saldo bancario activo al 30 de septiembre fue de 376.5 millones menos precompromisos, hacen un saldo final activo por 294.6 millones, de acuerdo con el informe recibido ayer en la Junta General Ejecutiva (JGE) del INE.

El segundo fideicomiso que opera el instituto se relaciona con programas de infraestructura, el cual tiene un saldo de mil 250 millones.

En ese contexto, la JGE aprobó ayer un pago de 722 pesos para cada trabajador, tanto de base como de régimen de honorarios, en el rubro de apoyo para la festividad de fin de año.

La solicitud presupuestal del INE para el año entrante es de 23 mil millones de pesos, y la Cámara de Diputados le recortó, para tareas operativas, mil 500 millones.