Una jueza federal declaró improcedente la acción de extinción que la Fiscalía General de la República (FGR) pretendía aplicar a la residencia de Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex, en Lomas de Bezares, Ciudad de México, presuntamente adquirida con los sobornos que recibió para comprar la planta chatarra de Agronitrogenados, que era propiedad de Altos Hornos de México (AHMSA).

Sin embargo, aun cuando el ex funcionario obtuvo el triunfo legal, no significa que las autoridades le devolverán el inmueble, ya que la juez señala que debe haber una sentencia definitiva. Además, la residencia se encuentra en litigio en el proceso penal que se sigue a Lozoya Austin por el caso Odebrecht y la FGR puede impugnar el fallo con un recurso de revisión ante un tribunal colegiado.

Ana Lilia Osorno Arroyo, titular del juzgado segundo de distrito en materia de extinción de dominio, determinó que Lozoya Austin compró la propiedad en 2012 por 38 millones 175 mil pesos, cuando la extinción de dominio no se aplicaba en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, por lo que no se puede aplicar la ley de manera retroactiva.

La Ley Nacional de Extinción de Dominio se publicó el 9 de agosto de 2019 y definió, por primera vez, que en los delitos de lavado de dinero sí procedía la extinción de dominio, además de que la FGR abrió el 7 de marzo de 2019 la carpeta de investigación contra Lozoya Austin por la compraventa de la planta de Agronitrogenados.

En consecuencia, si la compra del inmueble materia de la extinción se efectuó y se consumó en 2012, y esa transacción fue la que motivó la investigación que sirve como base para demandar la extinción de dominio, la acción es improcedente porque la investigación se sigue por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que no estaba previsto en el artículo 22 constitucional como supuesto de procedencia para ejercer la acción de referencia, argumentó la jueza.

Según el expediente del caso, integrado por la Unidad Especializada en Materia de Extinción de Dominio de la FGR, esa residencia fue adquirida por Lozoya con los 3.4 millones de dólares que el dueño de AHMSA, Alonso Ancira, le entregó a cambio de autorizar que Pemex comprara la planta de Agronitrogenados, aun a sabiendas de que era inservible.

En mayo de 2019, elementos de la Policía Federal Ministerial, dependiente de la FGR, catearon y aseguraron la propiedad como parte de la investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/000289/2019, que realizó la Unidad Especializada de Investigación en Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia.