Santiago. Cadáveres descuartizados esparcidos por las calles o arrojados al mar, sicariato y ejecuciones a quemarropa en la vía pública, secuestros con fines de extorsión cuyas víctimas son torturadas y, recientemente, el lanzamiento de una granada explosiva a una pareja de policías que perseguía a dos sujetos que huían…

Son cosas que están pasando rutinariamente en Chile y que la población lee y/o ve en los medios como evidencia de que la delincuencia organizada escapó de las manos del gobierno de Gabriel Boric.

En el centro del asunto, en la percepción ciudadana, decenas de miles de migrantes clandestinos, entre ellos el Clan de Los Gallegos, una filial del cártel venezolano Tren de Aragua, instalada junto a la frontera con Perú, 42 de cuyos miembros están procesados por secuestros, homicidios, tráfico de personas, narcotráfico, entre otros cargos.

Y si bien las estadísticas no muestran un incremento de extranjeros en la cantidad de sentencias a nivel general, sí hay un mayor aumento absoluto en la representación de extranjeros condenados en crímenes violentos, como homicidios y robos, dice el Centro de Estudios Públicos.

En 2018 hubo 540 homicidios, en 2020 llegaron a 718 y en 2022 a 832, una escalada de 40 por ciento, mientras en 2023 se contabilizan 696. Pero la tasa de homicidios en Chile está entre las más bajas de Latinoamérica, con 4.7 por cada 100 mil habitantes en 2022, frente a la de 25 que tiene México y de 40 en Venezuela, la más alta de la región.

La Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana 2023 concluye que la percepción de inseguridad alcanzó 90.6 por ciento, la más alta en una década, y que la victimización se incrementó a 21.8 por ciento.

Las reacciones de desesperación empiezan a surgir: un senador propone que a partir de los 16 años de edad, los menores que cometan delitos graves y violentos vayan a la cárcel. Y la oposición exige la expulsión en un mes de 12 mil inmigrantes, que se suspendan garantías constitucionales y se militaricen ciertas ciudades.

El gobernador de Santiago, Claudio Orrego, describe la situación diciendo que tuvimos un noviembre rojo, con 35 homicidios y otros 43 frustrados, y que este es el momento más crítico en materia de seguridad en Santiago en décadas.

La gente empieza a cobrar justicia por mano propia: en días recientes, un vecino de 65 años salió a la calle alertado por un robo a una casa contigua, disparando por la espalda a un chico de 15 años que huía, matándolo. Simultáneamente, en una barriada de Santiago, un narcofuneral se prolongó por cinco días de juerga y con strippers danzando pistola en mano en torno al ataúd del difunto, de 22 años, acribillado en un ajuste de cuentas.

Uso político

Como telón de fondo, la oposición saca partido al tema para promover la Constitución de las libertades y de la seguridad, como denomina al texto que se plebiscitará el 17 de diciembre, que fue redactado sin contrapeso por una mayoría ultraderechista y que buscan sea un referéndum acerca de la presidencia de Boric.

El gobernante salió el jueves a decir: “estamos ajustando las medidas de control territorial para no dejar espacio al crimen organizado, al narco, a la violencia”, y prometió que los vamos a pillar (atrapar), los vamos a enjuiciar y a quienes estén irregulares en Chile los vamos a echar, refiriéndose a los migrantes percibidos como responsables de la ola delictiva.