Moscú. La Suprema Corte de Rusia reconoció hace poco que es válida la prohibición de una organización, calificada de extremista por el Ministerio de Justicia, que en realidad no existe, insólito fallo acorde con la actitud del presidente Vladimir Putin, convencido de que las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo son una aberración y de que el matrimonio sólo puede ser entre un hombre y una mujer.

Proscrito en este país, el llamado Movimiento Social Internacional LGBT no está registrado como sede ni tampoco es filial de ninguna agrupación no gubernamental foránea. La Corte tampoco permitió que el grupo fundado antes del juicio a una treintena de activistas locales, a título personal y como integrantes de otras organizaciones, pudiera presentar sus alegatos contra las acusaciones.

“En verdad no es un movimiento, tampoco una organización. Carece de registro en Rusia, no tiene estatutos ni otros documentos o estructuras que pudieran considerar este ‘movimiento’ siquiera como un todo único”, afirmó Valeria Vetoshkina, experta de Pervy Otdel (Departamento Uno), grupo de abogados y activistas de los derechos humanos.

En eso coincide la también jurista Ksenia Mijailova, cualquier organización LGBT+ puede ser cerrada tan sólo con decir que es sucursal del movimiento proscrito, mientras sus integrantes pueden ser condenados hasta seis años de cárcel y sus dirigentes hasta 10.

Rigurosa legislación

Para otro especialista en leyes que afectan a los homosexuales y a personas que defienden el derecho a elegir su género, Aleksandr Verjovsky, existe el riesgo de que la asistencia de un activista ruso a una conferencia en otro país o la publicación de un artículo en revistas puedan ser catalogadas como pruebas de su participación en un movimiento social internacional prohibido en Rusia.

Los expertos aseguran que el fallo de la Suprema Corte dificulta la labor de las organizaciones que se dedican a otorgar asistencia legal a la comunidad homosexual, como son la Fundación Sfera (Esfera), el Centro de Recursos para LGBT+, el portal Muchachos Plus o el Grupo LGBT+ Vyjod (salida).

El hecho de que el máximo órgano del Poder Judicial, a instancias del Kremlin, declarara fuera de la ley a un supuesto movimiento social internacional cuya actividad causa discordia religiosa y social en Rusia, según la parte acusadora, se interpretó en el aparato represivo y en la televisión pública como luz verde para arremeter contra todo lo que suene a LGBT+.

Esto explica que unidades especiales del Ministerio del Interior hayan irrumpido la noche del sábado en varios clubes y bares identificados como gay friendlies en Moscú, supuestamente en busca de narcóticos y venta ilegal de bebidas alcohólicas.

El único propósito, de acuerdo con testimonios de quienes sufrieron las incursiones, era intimidar a los asistentes y fotografiar sus documentos de identidad, toda vez que la legislación rusa estipula hasta 12 años de cárcel por extremismo y se podrá extender al delito de difundir la homosexualidad, considerada una anomalía ajena a los valores cristianos ortodoxos de la sociedad.

Aprobada hace menos de un año y que ya no se refiere únicamente a hacerlo entre menores de edad que estaba vigente desde 2013, la restricción de divulgar relaciones sexuales no tradicionales (entre hombre y mujer adultos), por ejemplo mediante la exhibición de símbolos como la bandera arcoíris y de carteles con reivindicaciones, no es la única.

Meses después, con la mira puesta en el colectivo trans, también se prohibió el cambio de sexo por operación quirúrgica o la respectiva modificación en los documentos de identidad.