Santiago. El asesinato de un niño de cinco años de edad en la puerta de su casa, al recibir un balazo en el pecho en lo que las autoridades describen que sucedió en un contexto de presunto ajuste de cuentas con personas del inmueble donde ocurrieron los hechos, es el trágico capítulo más reciente de la crisis de seguridad en Chile y que arrincona de manera creciente al gobierno del presidente Gabriel Boric.

Al anochecer del martes, desconocidos acribillaron la casa donde residía el pequeño, identificado como Anthony. Alarmada, la familia salió a la calle a constatar lo sucedido, momento en que el atacante volvió sobre sus pasos para disparar una segunda ráfaga de unos 15 tiros que mató a Anthony e hirió en la cabeza a su abuelo.

La brutalidad de lo sucedido está siendo explotada a placer por la oposición derechista, que acusa a la administración Boric de una supuesta desidia frente a la escalada delincuencial, caracterizada sobre todo por la violencia: no hay el menor empacho en herir gravemente o de muerte a quien se resiste a un asalto y las ejecuciones o el sicariato se tornaron habituales.

Ahora, mientras redobla la exigencia de que se suspendan garantías constitucionales y que se militarice Santiago y otras ciudades, un par de alcaldes ultraderechistas anunciaron que declaraban estado de emergencia comunal y que contratarán vecinos para funciones de vigilancia en las calles aledañas a sus casas, una idea que expertos califican de carente de criterio y peligrosa.

El contralor de la República, Jorge Bermúdez, salió ayer a precisar que los alcaldes no tienen ninguna facultad para disponer aquello.

Estados de excepción para crear alarma

Los estados de excepción se decretan por las autoridades que tienen competencia para ello y las municipalidades no tienen esa facultad. Lo que ellos pueden hacer es colaborar y tomar medidas de gestión en materia de seguridad pública, pero constitucional y legalmente las labores policiales están reservadas, en materia preventiva a Carabineros y en materia investigativa a la Policía de Investigaciones, sentenció.

El gobierno se esfuerza por mostrar iniciativa. Boric declaró estar “conmocionado y desgarrado por este asesinato vil y cobarde; son situaciones que no podemos naturalizar.

Garantizo al país que no habrá impunidad, los autores de estos crímenes van a ser encontrados y van a tener las penas más altas que permita el sistema. Pero también advertía que la lucha contra el crimen organizado, como ha sucedido en muchos países, va a ser una pelea larga, de muchos golpes, pero quiero que sepan que como presidente de la república, el crimen organizado no me amedrenta.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, salió a decir que en los 21 meses de la administración se aprobaron 40 leyes concernientes a temas de seguridad.

También el gobierno ha puesto acento en expulsar a extranjeros ilegales y/o condenados por delitos, una demanda muy reclamada. Antier fueron deportados a Bogotá 30 colombianos en un avión de la Fuerza Aérea, la semana pasada salieron otros 52 de diversas nacionalidades en vuelos comerciales, totalizando 821 expulsiones en 2023.

La percepción de inseguridad está siendo explotada por la derecha en su campaña publicitaria a favor de la aprobación de un proyecto de Constitución retrógrado y conservador que se plebiscitará el 17 de diciembre, un texto redactado sin contrapeso por la mayoría pinochetista que prevaleció en el Consejo Constitucional. Imágenes de un cadáver decapitado circulaban en redes sociales, asociándolas al tema.

Y si bien el en contra ha liderado consistentemente las encuestas durante meses, las distancias se han estrechado: la más reciente dice que 38 por ciento están a favor frente a 46 por ciento que la rechazan; mientras 76 de cada 100 dicen que la propuesta es igual o peor a la vigente.