La Fiscalía General de la República (FGR) apeló el fallo de una jueza federal que declaró improcedente la acción de extinción que pretendía aplicar a la residencia de Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex, en Lomas de Bezares, Ciudad de México, presuntamente adquirida con los sobornos que recibió para comprar la planta chatarra de Agronitrogenados, que era propiedad de Altos Hornos de México (AHMSA), valuada en 38 millones 175 mil pesos.

Se tiene por presentado el recurso de apelación en ambos efectos que interpone la parte actora, en contra de la sentencia definitiva dictada el 10 de noviembre de 2023, en el juicio en que se actúa, señala el acuerdo publicado ayer en estrados del Consejo de la Judicatura Federal.

El caso se turnará a un tribunal colegiado de apelación en materia civil y administrativa, que en los próximos días determinará si confirma, modifica o revoca el fallo de primera instancia.

El mes pasado, Ana Lilia Osorno Arroyo, titular del juzgado segundo de distrito en materia de extinción de dominio, negó que se transfiriera a la Federación la residencia de Lozoya Austin; sin embargo, aun cuando el ex funcionario obtuvo el triunfo legal, no significa que las autoridades le devolverán el inmueble, ya que la juez señala que debe haber una sentencia definitiva.

Además, la mansión se encuentra en litigio en el proceso penal que se sigue a Lozoya Austin por el caso Odebrecht.

De acuerdo con las indagatorias, la residencia fue adquirida por el ex funcionario con los 3.4 millones de dólares que el dueño de AHMSA, Alonso Ancira, le entregó a cambio de autorizar que Pemex comprara la planta de Agronitrogenados, aun a sabiendas de que era inservible.

Por otra parte, Lozoya Austin, quien se encuentra privado de la libertad en el Reclusorio Norte, se desistió de la suspensión definitiva que le otorgó un tribunal federal como parte del juicio que inició para recuperar su libertad.

La defensa legal del ex funcionario notificó al segundo tribunal colegiado de apelación que el 7 de diciembre de este año, Gustavo Aquiles Villaseñor, juez de control con residencia en el Reclusorio Norte, llevó a cabo una audiencia en la que se pidió el cambio de medida cautelar.

No obstante, el impartidor de justicia declaró que estaba impedido para pronunciarse, porque estaba vigente la suspensión que le concedió dicho tribunal de apelación para el efecto de que su libertad personal quedara a disposición de dicho órgano jurisdiccional.

Con la solicitud de desestimiento, ahora los abogados de Emilio Lozoya tendrán que pedir que se lleve a cabo una nueva audiencia para que el juez de control se pronuncie sobre el cambio de medidas cautelares y determine si le concede o no la libertad provisional.