El pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) advirtió ayer que cualquier iniciativa que atente o vaya contra la progresividad de los derechos humanos pone en riesgo el estado de derecho y la democracia.

En respuesta al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien anunció que enviará al Congreso una iniciativa para desaparecer al INAI y otros organismos autónomos, el órgano de dirección emitió un posicionamiento en el que señala que si el instituto de transparencia fuera sustituido por una dependencia del gobierno, sería un “retroceso de los derechos humanos.

El acceso a la información pública no puede estar sujeto a intereses políticos ni a los cambios en la administración pública; de ahí la importancia de contar con instituciones, como el INAI, que garanticen a la población el pleno ejercicio de este derecho, dice el documento.

El pleno –integrado por el presidente del organismo, Adrián Alcalá, y las comisionadas Norma Julieta del Río, Josefina Román y Blanca Lilia Ibarra Cadena– manifestó su absoluto respeto a la división de poderes, así como al ejercicio de la libertad de expresión. Destacó que lo anterior “no significa a menudo coincidir en posiciones públicas sobre diversos temas. Para eso existe el diálogo, ante el cual estamos plenamente abiertos y dispuestos. Es importante recordar que el INAI tiene un sustento constitucional, el cual está dirigido a que se garanticen la transparencia y las garantías fundamentales de toda la sociedad, que son los derechos a la protección de datos personales y de acceso a la información.

Recordó que sólo de enero a noviembre de 2023 se interpusieron ante el organismo de transparencia 19 mil 603 recursos de revisión o quejas de personas contra instituciones públicas que no hicieron efectivo su derecho de acceso a la información o a la protección de sus datos.

Los integrantes del pleno subrayaron que las funciones que realiza el INAI no pueden ni deben ser sustituidas por ninguna dependencia o entidad del Ejecutivo federal o por alguna otra autoridad del Legislativo, ya que sería ir en retroceso de los derechos humanos.