Oaxaca, Oax., Para el ejercicio fiscal 2024, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, incluyó en la Ley de Ingresos estatal un punto con el que pretende gravar las tierras comunales y ejidales, sobre lo cual expertos en la materia aseguran que es inconstitucional.

En el documento, el mandatario morenista justifica que la medida es parte de una serie de actividades que posibiliten el crecimiento de los coeficientes que se utilizan para la distribución de participaciones fiscales, así como la obtención de ingresos clasificados por el Consejo Nacional de Armonización Contable como incentivos fiscales.

En la Ley de Ingresos, que fue enviada al Congreso local como parte del paquete económico 2024 y aprobada en sesión extraordinaria el 6 de diciembre, se enumeran dichas acciones en el inciso B de la sección Política Fiscal y Principales Objetivos 2024, que trata sobre fortalecer los ingresos derivados de la colaboración administrativa en materia fiscal federal.

En la número cuatro señala: Se propone a esa Soberanía la aprobación del Programa Certeza Jurídica de la Seguridad y Bienestar del Patrimonio, que busca incorporar a la propiedad privada los predios ejidal y comunal, beneficiando directamente a los propietarios e indirectamente a los municipios que ven incrementado su padrón de propiedad inmobiliaria y con esto el impuesto predial que sirve de coeficiente para la distribución de participaciones federales.

Mayoritaria, la propiedad social

El territorio oaxaqueño se integra de 9 millones 375 mil 700 hectáreas, de las que 7 millones 408 mil 148 son propiedad social y únicamente un millón 967 mil 552, privada. Del área social, 5 millones 764 mil 310 hectáreas son tierras comunales y un millón 643 mil 838, ejidales.

Juan Antonio López Cruz, coordinador del Área de Justicia Trasnacional de la organización no gubernamental Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aseguró que esa iniciativa es un grave error, pues la idea privatizadora infringe el artículo 27 de la Constitución federal.

Consultado por La Jornada, explicó que es una total ilegalidad lo que está haciendo el gobierno de Oaxaca; contraviene lo estipulado en el artículo 27 constitucional, el cual le da una protección especial a todas las tierras ejidales, pero sobre todo a las comunales. El gobernador no puede, por decisión propia, ni aun si el Congreso del estado lo autoriza, aplicar impuestos a las tierras agrarias, para ello, dijo, se tendría que hacer una gran reforma a través del Congreso de la Unión.

En tanto, Francisco López Bárcenas, especialista en temas agrarios e investigador del Colegio de San Luis, coincidió con López Cruz en la inconstitucionalidad del tema, pues reiteró que las tierras ejidales y comunales tienen su régimen específico, que es distinto al de la propiedad privada, y ambos están en el artículo 27 constitucional y se regulan por la norma agraria, que es federal.

Imponer gravámenes a la propiedad social, agregó, crearía diversos problemas; uno de los más preocupantes sería que al pagar impuestos los ejidatarios adquirirían derechos y se puede tener la idea de que las tierras les pertenecen, por tanto podrían disponer de ellas y venderlas, lo que provocaría un conflicto entre hermanos.

Lo más probable, indicó, es que grandes compañías pudieran aprovechar esta situación e intentar adquirir los terrenos bajo engaños en toda la entidad, ya sea para proyectos mineros, generadores de energía eólica o de otro tipo.

▲ Salomón Jara Cruz, de extracción morenista, incluyó el planteamiento en el paquete económico para 2024.Foto Jorge A. Pérez

López Cruz se sumó a esa argumentación y señaló que históricamente las autoridades gubernamentales han buscado privatizar las tierras en todo México. Ya lo intentó el ex presidente priísta Carlos Salinas de Gortari, dijo, con la reforma agraria de 1992, en la que incluyó el concepto de dominio pleno, cuyo objetivo era que los ejidatarios y comuneros solicitaran a su gobierno la privatización de la propiedad social.

Añadió que una situación que propicia estas intenciones es que las grandes empresas extranjeras muchas veces se niegan a invertir no solamente en Oaxaca, sino en otras entidades bajo el argumento de la falta de certeza jurídica de los terrenos donde podrían establecerse, pues muchos siguen siendo propiedad social; por tanto, refirió, la acción encabezada por Salomón Jara es tan sólo uno de los primeros pasos que se están dando para la privatización de dichas áreas, pero de manera totalmente ilegal.

Por ello, advirtió a comuneros y ejidatarios del resto del país que deben estar atentos, pues la iniciativa impulsada desde el gobierno de Oaxaca quizá sirva de experimento y si se logra imponer pese a su condición arbitraria, otras administraciones estatales podrían copiar el método y buscar aprobar leyes similares.

En tanto, el abogado Maurilio Santiago Reyes, del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas consideró que esta ley de ingresos no sólo violenta el artículo 27 de la Constitución mexicana, sino también el segundo, además del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Sin consulta

En los dos últimos, detalló, se prevé que cuando se afecten los derechos de pueblos y comunidades indígenas, el tema de referencia deberá someterse a una consulta pública previa e informada; no obstante, esto no se cumplió por el gobierno de Jara Cruz.

En este sentido, tanto Juan Antonio López como Francisco López y el abogado defensor de derechos humanos Maurilio Santiago coinciden en la anticonstitucionalidad de esta iniciativa, la cual prevén será impugnada ante los tribunales y desechada sin mayor problema.

Santiago Reyes acusó que existe desconocimiento total de los asesores jurídicos de la administración de Salomón Jara, pues una propuesta como ésta no debió existir; es notable, subrayó, que desconocen la lucha de los pueblos indígenas por la defensa de sus derechos y de sus territorios.

López Cruz apuntó: No entiendo cómo es posible que el equipo jurídico del gobierno del estado de Oaxaca haya intentado esta acción. Mientras, López Bárcenas puntualizó que lo que el mandatario estatal y sus funcionarios tratan de hacer es obtener una mayor recaudación de impuestos para que, con base en ella la Federación pueda brindar un mayor presupuesto. Sin embargo, consideró que pretenden lograr este objetivo de mala manera, pues están afectando a los pueblos indígenas en el proceso.

No es buen mensaje de un gobierno que dice que quiere un cambio para el bien de todos, que esté proponiendo estas cosas, que además de anticonstitucionales, son injustas, pues es cargarle a los más pobres la posibilidad de recaudar más, subrayó.