Cuernavaca, Mor., Abogados de Morelos, encabezados por el constitucionalista Miguel Ángel Rosete Flores, presentaron ante la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político contra 14 legisladores del Congreso estatal porque violaron el apartado tercero del artículo 116 de la Carta Magna en la designación de 10 magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del estado.

Puntualizó que los diputados no consideraron que para tales acciones el articulado refiere que se dará preferencia a la carrera judicial y omitieron a cualquier persona que tuviera carrera auténtica; entonces es una designación irregular.

Además, una de las nuevas magistradas, Anahí Bahena López, esposa del ex secretario de Gobierno en el sexenio del perredista Graco Ramírez (2012-2018), estaría impedida para el cargo porque fue vinculada a proceso por un delito de corrupción, y uno de los requisitos del 116 establece que deben ser de honorabilidad intachable; entonces, partiendo de ahí han violentado la Constitución, subrayó el jurista.

La denuncia de juicio político fue presentada el viernes ante la Cámara de Diputados. Se trata de los morenistas Alejandro Martínez Bermúdez, Macrina Vallejo Bello y Alberto Sánchez Ortega; Agustín Alonso Gutiérrez, de Nueva Alianza (Panal); la petista Tania Valentina Rodríguez Ruiz; el panista Francisco Erick Sánchez Zavala, y la emecista Luz Dary Quevedo Maldonado.

Asimismo, de Verónica Anrubio Kempis (Panal); Marguis del Rayo (el partido local Morelos Progresa); los panistas Andrea Guadalupe Gordillo Vega, Óscar Armando Cano Mondragón y Ángel Adame Jiménez; así como el emecista Julio César Solís Serrano, y Eliasib Polanco Saldívar, del PRI.

La noche del 24 y madrugada del 25 de noviembre pasados, los 14 legisladores designaron a 10 magistrados del TSJ para un periodo de 14 años. Entre los nombramientos destaca el de María Luisa Sánchez Osorio, esposa del fiscal general de Morelos, Uriel Carmona Gándara.

El fiscal fue desaforado por el Congreso federal el 13 de diciembre para que sea juzgado por varios delitos; sin embargo, 12 legisladores estatales del mismo grupo de los 14 denunciados rechazaron la determinación de la Cámara.