El Vaticano., El tribunal penal del Vaticano condenó ayer a Angelo Becciu, cardenal italiano de alto rango, juzgado por fraude junto con otras nueve personas, a cinco años y medio de prisión y una multa de 8 mil 700 dólares, en un proceso relacionado con operaciones financieras de la Santa Sede.

Becciu, de 75 años, ex asesor del papa Francisco, es el funcionario de mayor rango de la iglesia católica que compareció ante la justicia civil, desde la reforma inaugurada por el pontífice argentino en 2021, para que obispos y cardenales puedan ser juzgados en tribunales laicos.

Respetamos el veredicto, pero ciertamente presentaremos una apelación, dijo Fabio Vignone, abogado del cardenal, quien conserva su título, pero fue destituido de sus funciones, luego de haber sido el número dos de la secretaría de Estado, principal órgano del gobierno del Vaticano.

En el centro del caso está la compra por 382 mil millones de dólares, de un edificio de lujo en Londres. Esta adquisición, con sobreprecio, puso en evidencia el uso imprudente de los donativos destinados a las acciones caritativas del papa. El edificio, de 17 mil metros cuadrados, fue revendido perdiendo gran parte de la inversión.

El clérigo fue declarado también culpable de malversación de fondos, por el pago de 200 mil 500 millones de dólares de la secretaría de Estado a un fondo de inversión altamente especulativo, por entregar 136 mil dólares de la iglesia a una cooperativa gestionada por su hermano y 622 mil dólares a un intermediario, para la liberación fallida de una monja rehén en África.

Durante el proceso se reveló una conversación telefónica de Becciu, a iniciativa suya, con el Papa y grabada sin su conocimiento, poco antes del juicio, pidiéndole confirmar que aprobó movimientos financieros confidenciales.

Los 10 acusados comparecieron por fraude, desvío de fondos, abuso de poder, blanqueo de dinero, corrupción y extorsión. De ellos, uno fue absuelto y los demás condenados a penas de prisión y multas por un total de 218 millones de dólares. Sus bienes, valorados en 181 millones de dólares, serán confiscados.