scéptico ante el censo total de personas desaparecidas en México que realizó la anterior directiva de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó una revisión caso por caso y concluyó que la cifra presentada, de más de 113 mil casos, fue exagerada y únicamente podían documentarse 12 mil 377 personas en esa situación. Tal resultado provocó la inconformidad de diversas organizaciones de familiares, las cuales han venido realizando manifestaciones de protesta en diversos puntos del territorio nacional; la más reciente de ellas tuvo lugar ayer, frente a Palacio Nacional, y en el acto expresaron su rechazo a lo que consideraron una descalificación a su lucha de años y décadas para dar con el paradero de sus seres queridos.

Es indudable que la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada de Personas Desaparecidas puesta en marcha por el gobierno federal ha tenido resultados positivos, toda vez que permitió depurar la base de datos correspondiente y, sobre todo, localizar a un importante número de mexicanos que se encontraban incluidos en ella. Por otra parte, resulta imposible ignorar la exasperación de buscadoras y buscadores de ciudadanos ausentes, para quienes el balance de la estrategia referida no ha brindado certeza alguna sobre el paradero de sus familiares.

Es claro que la solución real y de fondo al gravísimo problema de las desapariciones –el cual se viene arrastrando desde muchos años atrás– no puede consistir únicamente en el ordenamiento y la actualización de los registros, sino que debe despejar la incertidumbre del mayor número posible de quienes buscan a algún desaparecido, en el entendido de que, por doloroso que resulte, será material y humanamente imposible esclarecer todos y cada uno de los casos. Para las autoridades se trata de un imperativo moral, legal y político.

En estas circunstancias, lo deseable es evitar las descalificaciones y el alejamiento entre gobierno y los afectados. Y, así como el primero tendría que reconocer autenticidad en las motivaciones de los segundos, éstos deberían reconocer que la presente administración es pionera en demostrar la voluntad política para esclarecer las desapariciones del sexenio actual y de los anteriores.

Sería necesario también un deslinde respecto de algunos membretes vinculados a administraciones anteriores que buscan capitalizar el asunto con propósitos de golpeteo político.

En ese espíritu, lo procedente sería emprender una revisión conjunta, caso por caso, de la base de datos a fin de determinar en forma incontestable las identidades de las personas incluidas en ella, y ratificar o rectificar si están desaparecidas o no. Ciertamente, no sería un ejercicio fácil y requeriría de recursos humanos, técnicos y económicos adicionales a los ya empeñados. Una de las mayores dificultades es sin duda es determinar la identidad de los miles de fallecidos que permanecen en forenses y fosas comunes en calidad de desconocidos.

Se requiere, en suma, dejar de lado las motivaciones políticas, las animadversiones y el manoseo de un asunto tan lamentable a fin de lograr avances sustanciales en el esclarecimiento de tragedias personales que conforman una vasta tragedia nacional.