in decoro alguno, ante la vista de todos, los bienes que fueron propiedad de la nación libremente se traspasan y cambian de mano en mano entre los barones autóctonos que tanto se han beneficiado de las políticas públicas implementadas desde los tiempos de Miguel de la Madrid, aceleradas por Salinas de Gortari, seguidas a pie juntillas por Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto, y no deshabilitadas por el gobierno actual, en lo que constituye una suerte de mercado paralelo sin que nadie lo regule.

A lo largo de los años ese trasiego se ha visto en prácticamente todos los sectores económicos privatizados por el régimen neoliberal (se estima que en 1982 el Estado participaba en 63 de las 73 ramas de actividad económica entonces clasificadas por el Inegi; La privatización de empresas estatales, Fondo de Cultura Económica, 1993; página 25; Jacques Rogozinski, quien con Carlos Salinas de Gortari fue titular de la Unidad de Desincorporación de Entidades Paraestatales de la Secretaría de Hacienda, bajo la batuta de Pedro Aspe; a estas alturas, cinco serían muchos) y entre los barones favorecidos acordaban, con fines oligopólicos, o abiertamente monopólicos, operaciones de compraventa de los bienes otrora del Estado bajo la complaciente mirada de la supuesta autoridad.

Ejemplos sobran: empresas y concesiones mineras y carreteras, fertilizantes, acereras, consorcios petroquímicos y bioquímicos, ingenios azucareros, líneas áreas, ferrocarriles, petróleo, electricidad, estaciones de servicio (gasolinerías), astilleros, almacenes de depósito y tantas otras empresas, actividades y sectores no estratégicos (Salinas dixit) que pasaron a manos privadas (rescates, salvamentos y extranjerización se cocinan aparte).

Lo anterior viene a colación, porque esa práctica de trasladar es la que precisamente han concretado los grupos Bal y Carso, propiedad de la familia Bailleres y de Carlos Slim (dos de las fortunas Forbes del país), respectivamente. El primero vendió y el segundo adquirió 100 por ciento de las acciones de una subsidiaria de PetroBal por la módica cantidad de 530 millones de dólares; ésta última constituida oportunamente a raíz de la reforma energética de Peña Nieto, quien le entregó en charola de plata el bloque Ichalkil-Pokoch en la sonda de Campeche-Tabasco para extraer crudo. Y listo.

De hecho, el presidente López Obrador dijo que este trasiego es una buena noticia, con todo y que se trata de un contrato de los que se dieron cuando la reforma energética, y lo es porque queda en manos de mexicanos y estoy seguro de que invertirán para extraer crudo. En realidad, Grupo Bal no logró el desarrollo deseado ni invirtió lo suficiente, es decir, incumplió lo exigido en la concesión peñanietista otorgada en 2015. Entonces, ahora simplemente se asocia con otro barón.

En los hechos, tras ocho años de concesión, Grupo Bal (en asociación con la estadunidense Fieldwood Energy, la cual a su vez en febrero de 2022 vendió el 100 por ciento de sus acciones a la rusa Lukoil) a duras penas presume una producción de 31 mil barriles de petróleo crudo equivalente, cuando su propia estimación rondaba los 100 mil barriles por día. De cualquier suerte es nada.

Por cierto, el director general de Petrobal es Carlos Morales Gil, quien durante 9 años fue titular de Pemex Exploración y Producción, de un total de tres décadas al (supuesto) servicio de la ex paraestatal. Lo llamó papá Bailleres, lo contrató y con él se llevó, a disposición del barón, toda la información estratégica sobre los recursos petroleros potenciales de la nación.

Pero la puerta giratoria dio para más, porque Bailleres también contrató a Alfonso Rosales Rivera (ahora director de Operaciones y Administración de Yacimientos en PetroBal), ex administrador del activo de Producción Litoral de Tabasco en la Región Marina Suroeste de Pemex Exploración y Producción, y a Manuel Alegría Constantino (ahora director de Administración y Procesos Contractuales de PetroBal y representante del consorcio en las licitaciones públicas), exgerente de Administración y Finanzas, Estrategias de Suministro de esa misma empresa del Estado.

Y como el caso citado, el trasiego se da en todos los sectores privatizados.

Las rebanadas del pastel

Ay nanita: se ha colado cualquier cantidad de indeseables, pero ya se descararon. Expriístas como Eruviel Ávila, Adrián Rubalcava, Jorge Carlos Marín y otros anuncian su Alianza Progresista en apoyo de Claudia Sheinbaum, es decir, quieren hueso. Entonces, a ese paso surge la duda: ¿el movimiento se llama Prirena o Moprirena?

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