Oaxaca, Oax., La asamblea ejidal de Pueblo Nuevo, agencia municipal de la capital del estado, externó su inconformidad porque que en la Ley de Ingresos que aprobó el Congreso local el pasado 6 de diciembre para el ejercicio fiscal 2024 se estipula que se impondrá un gravamen a la propiedad social, pero no se indica que esto sólo se hará en aquellos terrenos en los que se haya adquirido el dominio pleno, según explicó el lunes pasado el gobierno de Salomón Jara Cruz.

Jesús Pérez Olmedo, presidente del comisariado, señaló que la supuesta aclaración hecha por la administración estatal sólo son palabras y lo único que pretende el mandatario morenista es ganar tiempo y esperar a que a las comunidades olviden lo que ya está por escrito.

El documento avalado por la Legislatura incluye el programa Certeza Jurídica de la Seguridad y Bienestar del Patrimonio, que busca incorporar a la propiedad privada los predios ejidales y comunales, beneficiando directamente a los propietarios e indirectamente a los municipios, que ven incrementado su padrón de propiedad inmobiliaria y con esto el impuesto predial, que sirve de coeficiente para la distribución de participaciones federales.

Luego de que se dio a conocer esta pretensión del gobierno del estado, el 18 de diciembre, éste informó que para poder acceder a los beneficios del programa es requisito indispensable que la asamblea comunitaria haya otorgado al interesado el dominio pleno, es decir, que el predio ya haya sido desincorporado de los núcleos agrarios ejidal o comunal; sin embargo, esto no lo dice la Ley de Ingresos.

Exigen vetar decreto

El abogado e integrante de la asociación civil Artículo 39 Soberanía en Movimiento, Felipe Víctor Jiménez, lamentó que el gobierno de Jara Cruz, sin consulta previa, ni debate haya buscado imponer este esquema, mediante el cual se pretende privatizar la propiedad social.

Al dar lectura a la posición del ejido de Pueblo Nuevo, la cual fue respaldada por ciudadanos, además de otros comisariados ejidales y comunales, los inconformes demandaron al mandatario estatal el veto inmediato del decreto de Ley de Ingresos.