El Banco del Bienestar confirmó que como parte de un litigio que sigue Pemex Exploración y Producción con la empresa Sistemas Integrales de Compresión el pasado 11 de diciembre realizó el pago de un billete de depósito (Bide) a la empresa que ordenó como beneficiaria el juez décimo octavo de lo civil de la Ciudad de México.

Lo anterior toda vez que contó con la orden de pago girada por la empresa productiva del Estado, máxima que a esa fecha no se tenía mandato o instrucción alguna de autoridad para suspender o impedir el pago del Bide.

De acuerdo con la información del Banco del Bienestar, el mencionado Bide es por un monto de mil 86 millones 808 mil pesos.

El organismo explicó que este litigio ante juzgados, que derivó finalmente el pago, se originó el 21 de julio pasado.

Bide, instrumento del Banco del Bienestar

Los Bide son un instrumento financiero exclusivo del Banco del Bienestar que sirve para que el gobierno, sus dependencias o empresas productivas puedan pagar recursos a empresas privadas o particulares con las que haya conflictos.

De acuerdo con la Ley Orgánica del Banco del Bienestar, la institución financiera tiene la facultad de ser depositaria de los títulos, valores o sumas en efectivo que tengan que hacerse por o ante las autoridades administrativas o judiciales de la Federación o ante las autoridades administrativas de la Ciudad de México, así como de las sumas en efectivo, títulos o valores que secuestren las autoridades judiciales o administrativas de la Federación y capital del país.

Los temas más recurrentes por los cuales las autoridades del país solicitan la expedición de billetes de depósito al Banco del Bienestar son concursos mercantiles, garantías en materia penal, pensiones alimenticias, créditos fiscales ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), garantías ante la Tesorería de la Federación (Tesofe) o ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

El Banco del Bienestar funge exclusivamente como un receptor en garantía de los recursos a consignar ante las autoridades judiciales por parte de las autoridades. Una vez recibidos, dichos activos quedan en su poder hasta que la autoridad judicial gira una orden de pago al beneficiario, misma que debe acudir a la institución financiera para su liquidación.