La facultad que ahora tienen los agentes del Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República (FGR), para solicitar intervención de comunicaciones y obtener datos en equipos de telefonía y cómputo, permitirán desahogar más rápido la tramitología interna y que los jueces aceleren estas actividades necesarias contra la comisión de delitos graves, consideraron los juristas Epigmenio Mendieta y Samuel González Ruiz.

En entrevista, los especialistas en derecho penal explicaron que el acuerdo emitido por el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, cuenta con candados que impiden el abuso o violación de los derechos humanos, ya que las acciones tendrán que pasar por autorización judicial.

El 6 de diciembre por el Diario Oficial de la Federación la FGR difundió un acuerdo por el cual los agentes del Ministerio Público Federal ya están facultados para solicitar a jueces federales que autoricen la obtención de datos personales sensibles que sirvan para integrar carpetas de investigación o la acreditación de delitos.

Así, los agentes del Ministerio Público pueden solicitar que los jueces aprueben la intervención de comunicaciones privadas, la extracción de información de teléfonos o computadoras y la geolocalización en tiempo real o el aseguramiento de bienes e incluso gestionar ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) el acceso a información financiera de presuntos responsables de delitos.

Samuel González refirió que en el Código Nacional de Procedimientos Penales [varias] cláusulas están siendo interpretadas de manera muy restrictiva por los integrantes del Poder Judicial de la Federación, lo que ha generado “muchos casos que aparentemente están bien sustentados por la fiscalía, pero que se caen por estos temas meramente técnicos por las escuchas telefónicas o la obtención de datos bancarios.

“Pues el código establece que todos los actos de investigación que tienen impacto en los derechos humanos deben tener garantías de un juez de control, pero interpretado eso al extremo, lo que ha generado que gran cantidad de casos se vean afectados porque a lo largo del tiempo se obtuvieron pruebas en momentos en que operaban otras reglas y los jueces las desestiman.

Este acuerdo de la FGR lo que busca es que haya una cancha pareja, porque lo que autoriza es que todos los ministerios públicos ejerzan las mismas facultades que el titular de la FGR, y se busca que los jueces no estén declarando ilegales las acciones cuando tienen control judicial.

Epigmenio Mendieta consideró que existen restricciones que obligan a una mejor procuración de justicia, ya que “la imposición de filtros y supervisión de las solicitudes de intervención de comunicaciones, obliga a que la elaboración de las peticiones sea muy precisa, y también a que se elaboren con profunda imparcialidad y no haya datos trucados par obtener información reservada.

Este otorgamiento de facultades descongestiona la tramitología de una solicitud de intervención de comunicaciones y que no sea un solo funcionario quien deba aprobarlas, ya que ello genera meses de espera para peticiones que requieren celeridad. Confiemos en que quitando ese dique y ya con un incremento en las peticiones al Poder Judicial de la Federación, mejoren los resultados.