El programa de precios de garantía de maíz, operado por Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) y establecido para la adquisición del grano a productores de menos de cinco hectáreas, únicamente ha beneficiado a 3 por ciento de éstos: 47 mil. Las compras que ha realizado entre 2019 y 2023 son tan sólo de 5.96 por ciento de la producción nacional de este grano, indica un análisis del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).

Sumado a ello, entre 2019 y 2022 no ha ejercido el total del presupuesto asignado, el cual tuvo un incremento de 108.9 por ciento, entre 2019, cuando fueron 6 mil millones de pesos, y lo autorizado para el año próximo, que asciende a 12 mil 500 millones de pesos, señala con base en datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

Ante la problemática comercial del maíz de la cosecha otoño-invierno (OI) 2022-23 de Sinaloa, ocasionada por los bajos precios del mercado, Segalmex adquirió 1.63 millones de toneladas a productores de riego de hasta 10 hectáreas, casi 6 por ciento de la producción nacional, pero en el ciclo primavera-verano (PV) de este año no se abrieron la totalidad de centros de compra, por falta de recursos, señala el GCMA.

Refiere que la participación de Segalmex en la compra de maíz blanco en Sinaloa OI-2022/23 no resolvió la comercialización de la cosecha, están almacenadas casi 2 millones de toneladas, entre las de la institución y las adquiridas por el gobierno estatal. Agrega que no es claro qué pasará con esos inventarios, habrá perdida significativa entre el precio de compras, más servicios de almacenaje y fletes contra los precios de venta de Segalmex en tiendas de Diconsa y a terceros.

Precisa que el precio de garantía pagado al productor se ha elevado 20.9 por ciento, al pasar de 5 mil 760 pesos la tonelada en 2019 a 6 mil 965 este año, aunque considerando la inflación acumulada del periodo el precio en términos reales debería ser de 7 mil 344 pesos.

En promedio los productores beneficiados entre 2019 y 2022 fueron 47 mil, de los cuales 37 por ciento son de Sinaloa, 21 por ciento de Chiapas y 15 por ciento de Jalisco.

Los precios de garantía tienen una lógica de redistribución que es darle más a los que menos tienen, focalizando la actividad en zonas de alta y muy alta marginación, pero se dejó de atender otra población objetivo que tiene problemas de comercialización; como los productores de Baja California, Sonora, Tamaulipas y Chihuahua, entre otros.

Al programa se le dieron más recursos de los necesarios para su operación, lo que no permitió atender otras necesidades del sector en materia de comercialización, infraestructura o sanidades e inocuidad, apunta.

En otro orden, cuando está próximo el desenlace del litigio internacional con Estados Unidos sobre las restricciones que impuso México a la importación del maíz transgénico, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología tiene a su cargo integrar el informe mexicano para sustentar su oposición a que ingrese al país maíz transgénico para consumo humano.