En la agenda prioritaria de Morena figuraban hasta 2022 dos minutas con temas sensibles para la sociedad, pero debido a la alta erogación que representan a las finanzas públicas no tienen el aval de las autoridades hacendarias y están prácticamente congeladas.

Se trata de la reforma constitucional que crea el Sistema Nacional de Cuidados, para apoyar económicamente a quienes tienen bajo su responsabilidad a familiares enfermos o discapacitados, y la ley de desplazamiento forzado interno.

Ambas minutas llegaron de la Cámara de Diputados al Senado en 2020 y comenzaron a dictaminarse de inmediato, pero la Secretaría de Hacienda envió su análisis de impacto presupuestal, el cual frenó el proceso legislativo.

En el caso del sistema de cuidados, Hacienda calculó un costo de entre 5 y 6 por ciento del producto interno bruto (PIB), ya que obliga al Estado a pagar a quienes deben de cuidar a familiares ancianos o enfermos y a discapacitados.

Este 2023, el estimado de la Secretaría de Hacienda disminuyó y situó el costo de la reforma en un punto del PIB. En septiembre pasado, la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Malú Micher, propuso hacer cambios a la minuta, a fin de que no entrara en vigor de inmediato, sino un año después de promulgada, para encontrar, en tanto, mecanismos para que el Estado compartiera, porejemplo, el financiamiento con organismos privados. A su juicio, es importante que se apruebe por-que garantiza atención digna a en-fermos, discapacitados, niños en orfandad y ancianos y una remuneración para sus cuidadores, mujeres en 90 por ciento de los casos.

La senadora de Morena recalcó que se trata de acabar con la injusta distribución de las tareas domésticas, que dejan toda la carga en las mujeres y les impiden estudiar e integrarse al mercado laboral en la mismas condiciones que los hombres.

La propuesta no avanzó, en parte porque la mayoría de los diputados y senadores están centrados en los procesos electorales y no figura en las prioridades de Morena para el último periodo de sesiones de la legislatura que inicia el próximo mes de febrero.

El panorama es similar en el caso de la minuta que da origen a la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, que lleva tres años congelada en el Senado, pese a que es necesaria para más de 350 mil personas que dejaron su lugar de residencia, sobre todo por ataques de la delincuencia organizada, pero también por conflictos religiosos.

El problema es que los diputados establecieron en 2020, cuando la aprobaron, que serían cobijados bajo esa ley todos los que se vieron obligados a abandonar sus comunidades, ya sea de forma individual o colectiva, a partir de enero de 2010 y hasta la fecha. Las autoridades hacendarias consideraron que el Estado no puede asumir el costo presupuestal que ello representa.