El PRI en San Lázaro impulsa una iniciativa para imponer una pena de 15 a 25 años de prisión y una multa de 2 mil a 30 mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA ) –que se ubicaría entre 207 mil 480 pesos hasta 3 millones 112 mil 200 pesos– a quien, mediante contrato, se beneficie de la gestación subrogada y de la entrega del niño producto de la misma.

La propuesta la presentó en tribuna la diputada del tricolor Nélida Ivonne Sabrina Díaz Tejeda, en la que resaltó que los controles rigurosos impuestos hasta la fecha sobre las agencias y profesionales involucrados se han mostrado insuficientes y (son) una puerta para que organizaciones criminales exploten a las mujeres para garantizar que la gestación subrogada se lleve a cabo.

En el texto de la iniciativa se subraya: Este contrato será nulo de pleno derecho y plantea reformar el artículo 30 Bis de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas.

Detalla la propuesta que en México la gestación subrogada es un tema complejo y su regulación varía de un estado a otro, pero no existe una legislación federal que regule la gestación subrogada en el país.

Díaz Tejeda precisa que la consideración de esta actividad como trata de personas es un tema complejo y debatido en el ámbito internacional. En algunos casos, las mujeres que actúan como gestantes subrogadas pueden estar en situaciones económicas precarias y pueden ser motivadas por la necesidad financiera a participar en ella.

Esto, refiere la iniciativa, plantea la preocupación de si están tomando una decisión libre y voluntaria. Por ello, se requiere analizar si se centran en la posibilidad de que las mujeres no tengan plena autonomía en la toma de decisiones. Pueden estar influidas por presiones sociales, económicas o familiares, lo que lleva a preguntas sobre la autenticidad del consentimiento.