l gobierno del presidente Joe Biden ha pedido a la Corte Suprema federal que permita a los agentes de la Patrulla Fronteriza cortar el alambre de púas que Texas instaló en la frontera entre Estados Unidos y México, en tanto continúa el litigio sobre estas barreras. El gobernador texano, Greg Abbott, dispuso la instalación de kilómetros de alambradas para impedir el paso de migrantes, mientras la administración demócrata argumenta que en realidad éstas dificultan las tareas de la Patrulla. En los hechos, las cercas punzocortantes han tenido un efecto muy limitado en frenar el ingreso de personas desesperadas por asentarse en ese país, pero sí se han convertido en trampas donde quedan enganchadas sus escasas pertenencias y han dejado desgarradoras imágenes de familias intentando cruzarlas con niños y bebés.

Las cercas forman parte del pulso permanente de Abbott contra Biden. El ultraderechista ha usado el tema migratorio para azuzar a las bases republicanas y mantener un incesante golpeteo político en el que acusa a Biden de promover la invasión del país por parte de personas calificadas de ilegales por el discurso xenofóbico y racista. La postura de Abbott se basa en premisas completamente falsas y violatorias de la ley: es simplemente insostenible que el gobierno federal dé facilidades a la inmigración irregular, pues en 2023 quintuplicó las deportaciones respecto al año anterior; es un ultraje llamar ilegales a los seres humanos, ya que lo ilegal es, si acaso, su situación migratoria, no ellos; y cada medida que toma para hacer imposible la vida de las personas en tránsito es ilegal, pues las normas estadunidenses otorgan la facultad de controlar las fronteras de manera exclusiva a la Casa Blanca.

Aunque lo anterior es conocido por toda la clase política de ese país, el mandatario texano ha podido seguir adelante con sus razias antimigrantes gracias a jueces carentes de escrúpulos, quienes anteponen sus preferencias ideológicas a la ley. La migración no es el único terreno en que se registra la complicidad de administraciones republicanas y juzgadores afines para desafiar las leyes. Ayer mismo, un tribunal de apelaciones dio la razón a Texas y a dos asociaciones médicas ultraconservadoras en su rechazo a una directriz federal que ordenaba al personal sanitario realizar un aborto cuando sea necesario para estabilizar a una paciente con una urgencia médica. Es decir, que los galenos fundamentalistas podrán dejar morir a una mujer, poniendo sus creencias por encima de la vida femenina.

En suma, en la actualidad estadunidense basta con el apoyo de un juez reaccionario para habilitar políticas fascistas y pasar por encima de cualquier derecho humano. Este escenario exhibe la profunda disfuncionalidad institucional de la superpotencia, causada en buena parte por la obsesión de mantener intacta una Constitución redactada hace casi dos siglos y medio por individuos que defendían posturas tan inmorales como la esclavitud. Si a esta inoperancia de las instituciones se suma la determinación de los personajes de la extrema derecha para extralimitarse en sus funciones por motivos electoreros e ideológicos, la consecuencia lógica es la ruptura del federalismo y la formación de zonas grises donde las leyes quedan suspendidas de facto. En dichas condiciones, el Ejecutivo federal queda sometido a una impotencia casi total, incapaz de cumplir con sus tareas elementales y obligado a respetar decisiones de los gobiernos estatales sin importar cuán injustas, crueles y a todas luces contrarias a los derechos humanos sean.