El Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de la República (FGR), que debió integrarse desde 2019 con cinco personalidades del ámbito jurídico y judicial con facultades para opinar sobre el Plan de Persecución Penal y emitir recomendaciones en torno al desempeño de la dependencia encabezada por Alejandro Gertz Manero, es uno de los más de 150 nombramientos pendientes en el Senado.

Se trata del más antiguo y uno de los que se quedarán sin resolver en esa instancia del Congreso, debido a que el nombramiento de los cinco consejeros se fue retrasando en parte por la resistencia de autoridades de la propia FGR y también porque pocos se inscribieron en la convocatoria, emitida por la Comisión de Justicia en septiembre de 2020, comentaron senadores de PAN y PRD.

El panista Damián Zepeda recordó que, a propuesta de la oposición, en la reforma que creó la FGR en 2018 se incluyó ese Consejo Consultivo, que tiene también facultades para opinar sobre el presupuesto, nuevas estructuras, plazas y de notificar al Órgano Interno de Control de la fiscalía sobre probables responsabilidades administrativas de servidores públicos.

En la iniciativa de modificaciones a la Ley Orgánica de la fiscalía, elaborada por la oficina de Gertz Manero y que Morena hizo suya y presentó a principios de 2021 en el Senado, se había eliminado la existencia de ese órgano.

Se logró restituirlo y así aparece en la Ley Orgánica de la FGR, pero nunca se avanzó en su integración, ya que desde Morena no parecía haber interés en ese organismo que pudo ser la voz de la sociedad civil dentro de la FGR, agregó el coordinador del PAN, Julen Rementería.

A su vez, el coordinador perredista, Miguel Ángel Mancera, resaltó que desde 2019 la Comisión de Justicia emitió tres convocatorias a interesados en ocupar el cargo de consejeros, pero pocas personas se inscribieron. A su juicio, el nulo interés es quizá porque se trata de un cargo honorario que implica dedicarle muchas horas de trabajo.

En la Ley Orgánica de la FGR se establece que podrán ser parte de ese Consejo Consultivo profesionales de probidad y prestigio que se hayan destacado por su contribución en materia de procuración e impartición de justicia, investigación criminal y derechos humanos, en especial de las mujeres, de los pueblos y las comunidades indígenas, de niñas, niños, adolescentes y personas migrantes.