urante las últimas semanas se han producido episodios de violencia en Chiapas, Tabasco y Guerrero. En la primera entidad, a decir de los habitantes, se desarrolla una lucha sin cuartel entre los cárteles de Sinaloa (CS) y Jalisco Nueva Generación ( CJNG) por el control de varias plazas de la zona serrana y la fronteriza con Guatemala, lo cual ha obligado a varias familias a huir de sus hogares para evitar ser víctimas del fuego cruzado o de los reclutamientos forzosos que llevan a cabo los grupos criminales. Además de los desplazamientos, de los retenes establecidos por las bandas y las levas, hay una amenaza constante para las vidas de los lugareños: apenas ayer fue asesinado a balazos David Rey González Moreno, aspirante a la alcaldía de Suchiate, por el Frente Amplio por México.
En Guerrero, la crisis parece responder a la fragmentación del crimen organizado en una miríada de pequeños grupos que se enfrentan por territorios, en ocasiones como delegados
de cárteles mayores, así como en un cambio de giro desde el narcotráfico hacia la extorsión, una actividad más dañina por cuanto no sólo exacerba la violencia, sino que arrebata ingresos a amplios sectores de la población, incluso a quienes se dedican a los oficios más humildes. También se ha dado una tecnificación de la delincuencia: según reportan pobladores y el Centro de Derechos humanos Minerva Bello, en la masacre perpetrada el 4 de enero en la comunidad de Buenavista de los Hurtado (Cashacuauilt), municipio de Heliodoro Castillo, el grupo de sicarios de La familia michoacana tuvo el respaldo aéreo de drones artillados.
Por último, en Tabasco surgió el fenómeno inédito de asaltos simultáneos y bien coordinados contra establecimientos mercantiles. El jueves, al menos 20 comercios, entre los que se cuentan gasolineras, bancos, así como tiendas de conveniencia y departamentales, fueron robados por equipos de delincuentes en Villahermosa, una repetición de los sucesos del pasado 22 de diciembre. La irrupción de estos atracadores violentos ha conmocionado a la sociedad tabasqueña por su magnitud y porque la entidad no suele ser testigo de este tipo de delitos. Este mismo carácter atípico de los robos, la desproporción de usar armas de alto poder para hurtar en pequeños comercios donde se manejan cantidades limitadas de efectivo, y la manera súbita en que comenzaron a producirse obliga a preguntarse quién está detrás de estos ataques y a qué intereses responde el evidente afán de sembrar pánico en el estado.
Está claro que las agresiones ocurridas en Chiapas, Guerrero y Tabasco, así como las existentes en otras entidades, presentan rasgos distintos y responden a causas muy diversas, pero tienen en común golpear la integridad física y patrimonial de miles de personas, y de sumir a regiones enteras en una zozobra que impide llevar adelante la cotidianeidad sin temor a ser víctima de alguna modalidad delictiva. Ante este escenario tan delicado, las autoridades de los tres niveles de gobierno deben empeñar todos sus esfuerzos en detectar los agentes específicos de la violencia en cada zona, diseñar estrategias ajustadas a los requerimientos locales, y aplicarlas a la brevedad posible con el fin de salvaguardar a la población.
