Las empresas que introduzcan botellas de plástico al mercado local de la Ciudad de México estarán obligadas a gestionar mecanismos para su reciclamiento o su reutilización a partir de la reforma a la Ley de Residuos Sólidos que se votará este lunes en el Congreso capitalino.

Además, en sesión extraordinaria, el pleno votará hoy observaciones que el gobierno capitalino hizo a las reformas aprobadas a la Ley de Protección a los Animales, y que fueron aceptadas de manera parcial por los diputados en comisiones.

Entre las admitidas está eliminar funciones de vigilancia respecto de la venta de animales vivos en mercados públicos, bazares y otras concentraciones a la Secretaría de Desarrollo Económico que había determinado al modificar la norma; rechazó cambiar el texto relativo a que un área específica de las alcaldías atienda los temas de bienestar animal, que la administración central alertó que podría tener un impacto presupuestal para los gobiernos de las demarcaciones en caso de que deban crear una nueva unidad administrativa para cumplir con la ley.

En el caso de la Ley de Residuos Sólidos, el dictamen refiere que en la ciudad se generan 12 mil 306 toneladas de basura, de las que 49.1 por ciento corresponde a los domicilios, 25 por ciento a los comercios y los residuos plásticos representan el mayor riesgo para el medio ambiente. Entre los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible está una reducción considerable en la generación de desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y utilización.

A partir del precepto de responsabilidad extendida del productor, la iniciativa tiene como propósito que las empresas que utilizan botellas de plástico para envasar sus productos se responsabilicen, a fin de que no terminen en el espacio público y dañen el entorno urbano y el medio ambiente, haciendo su revalorización mediante convenios con plantas de selección y tratamiento, bajo lineamientos que deberá expedir la Secretaría de Medio Ambiente.

En otro dictamen sobre una iniciativa de la diputada de Morena Ana Francis López Bayghen, se suprime del Código Penal el delito de peligro de contagio previsto en el artículo 159, con la finalidad de eliminar la criminalización de las personas con enfermedades de transmisión sexual como VIH/sida.

La reforma suprime también de la clasificación de delitos culposos las lesiones por contagio, pero establece en el artículo 130 una pena de seis a ocho años de prisión para personas que transmitan o causen de manera intencional una enfermedad incurable.