Alrededor de 50 familias fueron desalojadas del edificio ubicado en General Anaya número 27, esquina con calle Del Rosario, colonia Merced Balbuena, en Venustiano Carranza, por elementos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México tras asegurar el inmueble vinculado a una carpeta de investigación por el delito de despojo.

Los afectados acusaron que los agentes de la FGJ irrumpieron con violencia en el sitio alrededor de las 8 de la mañana, forzaron la entrada del edificio y algunos accesos a los 30 departamentos y 20 cuartos de azotea a quienes no abrían la puerta.

En protesta, los residentes del viejo inmueble de cuatro niveles y planta baja –en el que algunas familias han vivido desde hace 50 años y quienes la mayoría se dedican al comercio– cerraron por más de dos horas al tránsito vehicular la avenida Circunvalación, en dirección a Fray Servando Teresa de Mier.

Colocaron tarimas de madera, costales con cascajo, arena, piedras y tabiques sobre la avenida; además, amarraron en un lazo cartulinas de colores en las que se leía: Regrésenos nuestra vivienda, Vecinos unidos, queremos justicia y Nos desalojaron sin justificación, entre otras leyendas.

Posteriormente, liberaron parcialmente la vialidad, luego de que se les prometió que se les atendería en una mesa de diálogo.

Miguel Méndez, habitante en el inmueble desde hace más de 30 años, quien vende tacos en la Central de Abasto, relató que fueron decenas de elementos de la FGJ y policías capitalinos que ingresaron con violencia en el predio, por lo que varios residentes no tuvieron oportunidad de sacar sus muebles, dinero y documentos.

Señaló que los habitantes pagaban renta a un hombre identificado como Emilio Ramón, pero lo dejaron de ver hace varios años, por lo que negó que los vecinos sean quienes cometen el delito de despojo; al contrario, tenemos como comprobar la posesión, aseguró.

Entrevistado afuera del inmueble, explicó que los agentes forzaron la puerta de la entrada, entraron sin identificarse por la fuerza porque la intención era desalojarnos. Aunque se pidió hablar con alguien de la fiscalía, nos ignoraron.

Algunos agentes nos dijeron que es despojo, que es punto rojo, que lo reclamó el dueño, pero ninguna de las tres cosas es congruente. Habemos familias con más de 50 años habitando el edificio; tan sólo yo llevo 30 años viviendo aquí. El edficio es de un señor y de repente ya no vino, pero no sabemos que tenga otro dueño; la mayoría nos dedicamos al comercio.

Recordó que en marzo de 2017 vino un grupo de choque y nos quisieron sacar, pero nos dio la atención el gobierno central; seguimos siendo los mismos habitantes, tenemos un proceso, pero no apareció nadie que reclamara el predio y nos dejaron; nunca nos dieron solución. Se pidió la regularización, que nos dieran la opción de compra, pero no hubo respuesta.

El inmueble cuenta con una decena de locales en la planta baja que vendían dulces, en cuyas cortinas quedaron los sellos y una lona de la Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbano con la leyenda inmueble asegurado.