Buenos Aires., En una nueva respuesta contra el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que intenta imponer el gobierno del presidente ultraderechista, Javier Milei, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió frenar con total y absoluto rechazo un intento de traspasar la justicia nacional a la esfera de la ciudad de Buenos Aires, seis días después de fallar suspendiendo la reforma laboral por pedido de las centrales sindicales del país.

Esta propuesta del gobierno de La Libertad Avanza figuraba en el artículo 439 de la llamada ley ómnibus en el artículo X que se debate en la Cámara de Diputados, que pide habilitar al gobierno a suscribir los acuerdos que sean necesarios para que se efectivice la transferencia.

Así, la Justicia del Trabajo pasará su resolución a la Corte Suprema, al Consejo de la Magistratura, al Congreso Nacional y al Ministerio de Justicia, mientras todas las organizaciones sindicales y políticas actuarán para impedir que el gobierno liquide el Fondo de Garantía Sustentable (FGS) de la Administración Nacional de Seguridad de Servicios Sociales (ANSES), lo que es considerado un saqueo a los fondos que amparan a los jubilados.

El ex presidente Mauricio Macri, de Juntos por el Cambio, coincide con Milei tratando de pasar las causas laborales a la justicia de la Ciudad, donde tienen mayor influencia para cambiar decisiones. Y esto es lo que se está jugando: el destino delpaís de acuerdo con los intereses del oficialismo y sus socios, afectando la Constitución nacional, en todos los casos.

En los considerandos de resolución, el total de los jueces de la Cámara cita un editorial del diario La Nación del 30 de diciembre de 2016, en el cual el actual procurador general de la nación, Rodolfo Barra, rechazaba el traspaso por inconstitucional.

Los magistrados ofrecen argumentos que defienden mantener la Justicia Nacional del Trabajo advirtiendo que los “tribunales de la ciudad de Buenos Aires no son ‘provinciales’, simplemente porque la ciudad no es una provincia”. Insisten en la inconstitucionalidad del traspaso y sostienen que delegar al Poder Ejecutivo la tarea del traspaso implicaría una inadmisible delegación de facultades exorbitantes y una transgresión del principio de división de poderes propio de la república.

Durante el debate sobre el DNU y la ley ómnibus, cuyos artículos van cayendo día por día, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, quien fue citado para exponer ante el Legislativo, analizó que el FGS sólo aseguraría pagar dos meses de los jubilados en el país, lo que fue rechazado por una mayoría de legisladores.

La cifra de la inflación que alcanza 26 puntos en el mes reciente, disparó el costo de los alimentos, medicamentos y productos básicos y la situación se torna cada vez más tensa.

Todo esto sucede con el continuo crecimiento de las protestas sociales, la cuales han tenido una gran repercusión con la creación de las Asambleas Culturales, que antier protestaron frente al Congreso y también en las plazas de las provincias. Cada vez se unen más sectores sociales a la protesta a nivel nacional.

▲ Las manifestaciones contra el decretazo provienen de todos los sectores de la clase trabajadora. La imagen, el miércoles en Buenos Aires.Foto Afp

También hubo un fuerte debate sobre la insistencia del gobierno de Milei para cerrar la obra publica sin considerar las solicitudes de empresarios y gremios, incluyendo a sectores cercanos al oficialismo, al advertir sobre el impacto en el empleo.

De hecho, es un tema que afecta a todas las provincias, como lo advirtieron los nueve gobernadores que responden a Juntos por el Cambio, quienes se reunieron con funcionarios del gobierno nacional ayer y plantearon la necesidad de atender sus condiciones.

En este caso, Milei está utilizando la retención de envíos de fondos de participación a las provincias para extorsionarlos y que voten a favor del DNU y la ley ómnibus, como también lo hace con los diputados.

La decisión del presidente de suspender la obra pública ya ha costado 80 mil despidos en el gremio de la construcción, mientras el Estado no debe intervenir y dejar en manos de empresas privadas, cuyo concepto de obras públicas en este caso nada tiene que ver con las necesidades de las provincias.

Peligran millones de empleos

Gerardo Antonio Fernández, presidente de la Confederación de Pequeñas y Medianas Empresas Constructoras de la República Argentina (CPC), advirtió que el fin de la obra pública podría dejar más de 2 millones de personas sin empleo

En tanto, la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, además de intentar que los manifestantes paguen el gasto de la presencia policial”, ayer volvió a legitimar el gatillo fácil; es decir, disparar sin dudar ni preguntar, defendiendo la violencia policial, como lo hizo cuando ocupaba este mismo cargo durante el gobierno del ex presidente Mauricio Macri, lapso en el que fue denunciada por la desaparición de personas y asesinatos por la espalda. La funcionaria recibió en el Ministerio al agente Luis Chocobar, policía condenado por matar a un ladrón por la espalda en 2017, y lo ratificó como emblema doctrinario de la policía del gatillo fácil, al que su cartera fomenta mediante políticas de formación de las fuerzas de seguridad y protocolos antiprotestas.

Otro tema grave que enfrenta el gobierno y que estalló en estos días son las decisiones que toma la canciller Dina Mondino, quien ayer debió recibir al embajador chino, cuando la cancillería de ese país, el mayor comprador de productos argentinos, que consideró grave que la funcionaria recibiera a los representes de Taiwán, que no tiene relaciones diplomáticas con Argentina.

Este es uno de los graves errores cometidos, como consideran todos los sectores políticos, como también se rechazó que declinara el ingreso del país al bloque de los BRICS, conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, después del esfuerzo realizado por varios países para que Argentina fuera aceptada, lo que iba a suceder en la reciente reunión de ese organismo que sigue creciendo en cantidad de naciones adheridas para ganar influencia global.

De la misma manera, el comunicado de solidaridad con el gobierno de Ecuador se refirió al final a grupos socialistas de terroristas, que habían actuado en ese país, lo que provocó una serie de protestas.