l pacto dado a conocer por el propio dirigente nacional del PAN en reclamo al del PRI por no cumplirle trajo consigo una ola de indignación, reacciones calificadas de cinismo, deslindes no creíbles y denuncias como la del gobernador de Nuevo León. El documento firmado tiene dos partes y se deduce por su contenido que fue acordado a inicios de 2023. En la primera, se determina que Acción Nacional designará a los candidatos a la Presidencia de la República y a la Ciudad de México, mientras el PRI se quedará con los del estado de México y Coahuila. Es decir, que todo el proceso del PRI para la Presidencia era, desde el inicio, una farsa, porque ya estaba acordado que sería alguien del PAN. Los priístas Beatriz Paredes y Enrique de la Madrid se prestaron a ella, probablemente a sabiendas. Otro pacto, el del 2009, en el que Acción Nacional se comprometió a no aliarse al PRD en el estado de México para facilitarle el triunfo a Enrique Peña Nieto como gobernador, también tuvo la participación de Beatriz Paredes. A cambio, la entonces dirigente del PRI nacional aceptó que sus diputados se abstuvieran para que Acción Nacional votara aumentar el IVA de 15 a 16 por ciento y el ISR de 28 a 30, pretextando el brote del llamado virus A/H1N1.

La segunda parte del pacto mafioso dado a conocer por uno de sus firmantes, Marko Cortés, contiene el reparto de posiciones que resultan de la alianza electoral. Se enlistan como trozos del botín cargos que, en teoría, no les corresponden ni a los partidos políticos ni al gobernador de un estado: la fiscalización, el instituto de la transparencia, seis notarías, el registro civil y las oficinas de recaudación, las direcciones de las escuelas y universidades, además de la ratificación en su cargo de un magistrado al que sólo se le nombra como Bernardo y que se ha deducido que se trata de un integrante del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, González Morales, presidente estatal del PAN entre 2014 y 2019. Lo que tenemos, entonces, es un pacto que le da al partido que renuncia a tener candidato propio un rosario de cargos de los que puede obtener recursos públicos, extorsionar o dejarse comprar. Las notarías, por ejemplo, han sido señaladas como el origen de empresas fantasmas usadas como factureras; las universidades, como eslabón no fiscalizable en esquemas de defraudación como la estafa maestra, y un magistrado partidista en el tribunal laboral puede favorecer a mineras, litigios por el agua potable y despojo de recursos naturales de los aliados de su partido. Las oficinas de recaudación se explican solas.

El que divulgó este pacto, el dirigente nacional del PAN, quiso salir al paso de que el Presidente calificara al documento de mafioso. Sin pensarlo dos veces, respondió que se trataba de un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas: La política debe ser transparente a la luz del día y a la vista de todos; en toda democracia en el mundo lo más normal es que se realicen acuerdos políticos y lo deseable es que se cumplan, dando viabilidad a la pluralidad y buenos gobiernos de coalición. Para el dirigente del PAN, la ilegalidad lo es menos si se hace pública. Esta respuesta, que fue calificada de cínica, no hace honor al pensamiento desencantado de Diógenes y su perro. Lo de Marko Cortés es mucho menos: descaro y desvergüenza. Aceptar que los partidos se reparten los llamados institutos autónomos, las universidades y los tribunales, al mismo tiempo que se desgañitan por lo que no se toca, es indecente y deshonesto. Se arrojan contra la posibilidad de que a los jueces se les vote en las urnas porque son parte de los cargos que se intercambian en cada elección; utilizan la fiscalización contra su adversarios partidistas; dicen defender la autonomía de las universidades, pero sus rectorías son parte de la repartición. Eso no es transparencia, sino duplicidad y burla.

Además, el dirigente nacional de Acción Nacional trae a cuento la pluralidad para designar la adjudicación del botín, cuando ese concepto entraña una diversidad justamente de principios éticos y políticos que son irrenunciables y, por ello, generan conflicto, y hay que buscar una forma para que convivan: el pluralismo. Dice el creador del pluralismo como régimen normativo, John Dewey, en 1916: Hay asociaciones de hombres unidos en conspiración criminal, conglomerados de negocios que medran con el dinero público, maquinarias políticas unidas por el afán de lucro, que desvían las actividades del Estado, y éste está obligado a hacer de estas asociaciones criminales lo más precarias posibles. Es decir, justo lo que publicó el dirigente de Acción Nacional es contra lo que Dewey postuló el régimen del pluralismo.

Pero, al responderle, el dirigente del PRI no observó el calado filosófico de Marko Cortés y reaccionó simplemente: “Los espacios deben de ser inclusivos (…) Se abrirán espacios federales para nuestros aliados del PAN en Coahuila y en la Ciudad de México”. Extrañamente menciona a la capital, aunque el pacto de enero de 2023 ya consideraba la preminencia del PAN ahí. Por su parte, la candidata presidencial del frente opositor se salvó sólo a ella misma: A mí los partidos no me han pedido nada a cambio.

La desvergüenza en política ha ido normalizando lo que antes era inaceptable e indecible. El diálogo, las maneras, el lenguaje, se han deteriorado para demostrar que se es genuino y veraz. Es una actitud arrogante frente a la moral, justificada, según esto, porque se dice la verdad y, a pesar de que afectará a millones de personas, alguien tiene que decirlo. No es mentir, no es realismo político. Es desvergüenza, desinterés por los ciudadanos, desdén por la política y negación de la moral pública. No hay remordimiento y eso constituye una actitud política que ve en la crudeza un signo de autenticidad. De igual manera, reaccionar al pacto mafioso como ya lo sabíamos es contribuir a la normalización de lo que resulta, desde todo punto de vista ético, un escándalo. Es la contraparte del así son todos los políticos, tomada desde la despolitización. Es la normalización de la desvergüenza.