Guatemala. El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, derogó ayer el acuerdo 320-2023 firmado por su antecesor, Alejandro Giammattei, que garantiza protección del Estado a numerosos ex funcionarios.

La seguridad debe estar al servicio de la ciudadanía, no de unos pocos, expresó en sus redes sociales el actual jefe de Estado, quien asumió el poder en la madrugada del pasado lunes, al presentar una de sus primeras medidas.

La administración de Arévalo aclaró que esta decisión se tomó tras un análisis de riesgo y que, por tanto, no perjudicará a la seguridad que ya brinda de por sí el Ministerio de Gobernación a personas que han prestado servicios personales al Estado en materia de seguridad y justicia.

La dependencia informó que los servicios de escolta individualizados se restringirán a quienes han ocupado en algún momento la titularidad de esta cartera, viceministros, directores del Sistema Penitenciario, de Inteligencia, de la policía y otros mandos.

Samuel Pérez, diputado del partido Movimiento Semilla, liderado por Arévalo, consideró entonces un abuso querer utilizar recursos para brindar seguridad a esas personas sin motivo alguno.

Por otro lado, el presidente también informó que citó a las 10 horas del miércoles en el palacio nacional a la fiscal general Consuelo Porras, a quien señaló de orquestar un intento de golpe de Estado, cita en la que se espera que le pida la renuncia, como lo anunció esta semana.

El gobierno detalló en un comunicado que el líder progresista envió la invitación formal para que sostengan una reunión en el despacho presidencial, sin precisar si le pedirá que dimita. La citaremos al despacho para pedirle la renuncia. Lo he dicho públicamente y lo reitero; le solicitaré en esa cita la renuncia y espero que tenga el buen sentido de entregarla, comentó el miércoles en una entrevista con la cadena de televisión CNN en español.

Porras, de 70 años y considerada por Estados Unidos agente corrupto, es acusada por Arévalo, manifestantes y la comunidad internacional de socavar la democracia en Guatemala y de intentar un golpe de Estado al poner en riesgo la transición presidencial con la judicialización las elecciones realizadas el año pasado.

Durante esta jornada, diputados afines a Arévalo fueron elegidos para integrar la junta directiva del Congreso, tras repetirse la votación por orden de la máxima instancia judicial del país.

Con votación de 115 a favor, 21 en contra y 23 ausentes, los congresistas de la legislatura instalada el domingo eligieron a Nery Ramos, del partido derechista Azul, presidenta de la directiva.

El resto de los espacios en la directiva serán ocupados por diputados de agrupaciones que hicieron alianza con el Movimiento Semilla, entre ellos legisladores de la Unidad Nacional de la Esperanza que desafían a su ex candidata presidencial Sandra Torres, derrotada en el balotaje de agosto.

Creyeron que la anulación de la junta directiva iba a echar por la borda nuestra misión de avanzar en una agenda legislativa a favor del pueblo de Guatemala, pero sólo consiguieron fortalecernos, comentó Andrea Villagrán, parlamentaria de Semilla, quien propuso la planilla ganadora.