Madrid. El Tribunal Supremo español emitió una sentencia en la que tildó de ilegal las llamadas devoluciones en caliente de menores de edad a territorio marroquí, después de haber entrado de forma subrepticia en suelo español.

El responsable de esta política fue el actual ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, reafirmado en el cargo por el presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, a pesar de que ya fue reprobado en el Congreso de los Diputados precisamente por la falta de garantías y derechos en su política migratoria.

El de agosto de 2021, tras un intento de más de 12 mil migrantes marroquíes y de otros países subsaharianos en la frontera de Ceuta –la ciudad autónoma española enclavada en pleno continente africano– la gendarmería marroquí y la Guardia Civil española devolvieron sin ningún tipo de garantía jurídica a decenas de menores que se encontraban en suelo español.

Fueron, como se conoce coloquialmente, las devoluciones en caliente, que se han realizado en la frontera española desde hace más de 10 años, y que el gobierno de Pedro Sánchez intensificó a pesar de que se comprometió a suprimirlas cuando estaba en la oposición.

Los hechos ocurrieron además en la anterior legislatura, marcada por la formación del primer gobierno de coalición de izquierdas, con el Partido Socialista Obrero Español y por Unidas Podemos.

Ambos se comprometieron a retirar las alambradas de la valla fronteriza y a no seguir aplicando la política de las devoluciones en caliente, que el anterior gobierno del derechista Mariano Rajoy aplicó en alguna ocasión y que provocó la indignación de estos partidos.

El auto de Supremo señala que se vulneraron los derechos a la integridad física y moral de los menores devueltos a Marruecos, ya que ello sucede cuando se pone a una persona en serio peligro de sufrir un padecimiento corporal o síquico, lo que no puede negarse que ocurriera en este caso, cuando la administración no hizo ponderación alguna del interés de los menores ni mucho menos una comprobación de sus circunstancias individuales.

En Londres, la Cámara de los Lores rechazó el polémico proyecto de ley para deportar migrantes a Ruanda al aprobar una medida que busca retrasar un tratado tumbado a mediados de noviembre por el Tribunal Supremo de Reino Unido al sembrar dudas sobre el trato que podían recibir los solicitantes de asilo, informó la agencia de noticias Europa Press.